Desde esta semana se intensifican las negociaciones para definir a quienes representarán a partidos y posibles alianzas en el proceso electoral federal que culminaría el 7 de junio de 2015, fecha programada para las elecciones. Por ello las reflexiones en torno a tales definiciones son oportunas y hasta obligatorias; en particular, la relacionada con la ley 50-50.

La reforma al artículo 41 constitucional abre camino a las mujeres rumbo al poder, pero no es suficiente. La paridad es un logro importante, pero la meta es la igualdad.

En este proceso electoral federal, las mujeres de 17 Estados (incluido Quintana Roo)  encaran un desafío inédito. En un país con aproximadamente 57 millones de mujeres y siempre con una participación mayor que los hombres en comicios, esta vez podrían acercarse a la igualdad.

El reto no es fácil y llega después de seis décadas de que se reconociera el voto femenino.

Antes de la reforma la equidad de género era obligatoria para equilibrar las campañas, dejándoles alguna suplencia o que representaran la imagen de una fuerza política, pero no para ostentar el control de una campaña y menos una dirigencia partidista.

Hoy no sólo postulan a 250 candidaturas con sus suplentes en cada uno de los 10 partidos: 150 por distritos electorales en campaña abierta y 100 en lista de plurinominales, sino que miles comienzan a organizarse en redes sociales y agrupaciones formales para buscar esa igualdad.

En la LXII legislatura actual, entre los siete partidos que contendieron en 2012, suman 184 diputadas, lo que significa 36.8 por ciento, mientras que en el Senado hay 43, es decir, 33.5 por ciento. Pero muchos cargos no fueron obtenidos por méritos, capacidad o incluso carisma, sino al pago de favores, a compromisos de campaña o a premios de consolación.

En concreto, esto plantea un mejor panorama para el desarrollo político del país, y es una prueba en entidades como Quintana Roo, donde legisladoras de la mayoría de los partidos han pasado por las variables del compromiso inevitable y la cuota obligatoria. Porque con esta reforma también se corre el riesgo de que esa imposición cobre legitimidad. Y ese es el problema. La paridad no debe ser considerada una concesión a la representatividad que dependa del voluntarismo de líderes y gobernantes, sino como un derecho que no puede ser negociado.

Si bien ha crecido el número de escaños ocupados, les falta llegar a las Comisiones de la Cámara, a presidencias municipales y a gabinetes estatales, que son la columna vertebral del aparato gubernamental. ¿Llegar para qué? Primero, para buscar el bienestar de la mujer en general y que ésta salga de los grupos vulnerables en ámbitos como la salud y la educación. Segundo, para acercarse a la igualdad.

Más allá de esa perspectiva de género y leyes dirigidas, se debe pugnar porque en la práctica se respeten los preceptos de igualdad que rigen en la Constitución, las normas secundarias y los estatutos partidistas.

Está en ellas provocar desde las más diversas trincheras que esta paridad conduzca hacia la igualdad. Por ahora, queda esperar que los partidos y alianzas postulen a las mejores, con honestidad y capacidad probadas, para ocupar un escaño en la máxima tribuna.

En un contexto nacional de reclamos, los institutos no pueden darse el lujo de imponer candidatas incapaces, pues la crítica principal de los ciudadanos se basa en el cuestionamiento hacia la clase política por su ineficiencia para conducir el país. Si se logra, sólo entonces se avanzará hacia una democracia plena.