Más allá del aumento en tarifas y demás costos -reflejado parcialmente en su nueva oleada a partir del 1 de enero- en México padecemos día a día los abusos de ciertos prestadores de servicio, quienes alteran la facturación o dan litros de combustible  incompletos en las gasolineras, o gas butano incompleto.

Y por si no bastase el incremento en ciertos servicios, el tiro de gracia lo representa este tipo de fraude consentido e incluso exigido por ciertos propietarios y gerentes en cualquier zona del país, sin que haya una autoridad con capacidad para castigar este tipo de atracos sistemáticos.

En contadas ocasiones los automovilistas defraudados en gasolineras -donde los tanques acumulan combustible fuera de toda lógica- han abrazado la opción de la demanda formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero a este nivel el arreglo es incluso humillante, ya que el representante de la estación de servicio arroja al piso unas cuantas monedas, equivalentes al dinero defraudado.

Pero la sanción ejemplar brilla por su ausencia, dando alas a este tipo de prestadores de servicio que siguen acumulando millonarias ganancias a lo largo y ancho del país, sin que el gobierno federal cuente con una instancia confiable, con capacidad para frenar este tipo de hurtos masivos.

Por ello el desafío gubernamental consiste en garantizar que el cliente reciba lo acordado, sin que las básculas sean arregladas para dar menor cantidad de tortillas, o tanques con gas butano incompleto.

En Quintana Roo, como en el resto del país, el consumidor debe tener todas las garantías de que recibirá el producto que está siendo facturado o cobrado, sea energía eléctrica, gas, tortillas o gasolina.

Por ello nos inquieta la manta colocada en una estación de servicio cercana al bulevar Bahía: “100 por ciento honesta”. Y en otra gasolinera cercana a Tulum presumen: “Aquí damos litros de a litro”.

¿No acaso se supone que este comportamiento debe darse por hecho en todos los establecimientos comerciales? Pero presumir honestidad abre las puertas a la especulación, alimentando la desconfianza al por mayor, sobre todo en un país donde está tan arraigada la corrupción.

El mexicano debe ser el mejor aliado del mexicano, y no su defraudador cotidiano. Recordemos que se avecina una temporada más complicada, con aumentos anunciados que afectarán la travesía de millones de cabezas de familia.

Queda en manos del gobierno federal la adopción de medidas para frenar este tipo de abusos que afectan frontalmente al consumidor. Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor debe ser replanteada, ya que nos ha quedado a deber a muchos mexicanos, beneficiando a los malos prestadores de servicio.