En lo que va del año más de 4 mil hectáreas han sido siniestradas por incendios forestales, los que en su mayoría son provocados, ya sea por descuidos en quemas agrícolas, descontrol en quemas de basura o por la ambición de los desarrolladores, quienes buscan allanar terreno para construir con facilidad. Este es un peligro contra el medio ambiente latente y vigente de norte a sur. Apenas uno.

La verdad es que muchos se han apropiado de los recursos naturales y sin pensar que son no renovables o escasos, sobreexplotando los que se pueden ofrecer; se ha destruido el hábitat y condenado la “vida libre” de los animales a nuestra diversión, modas o consumo desmedido, causando la desaparición de especies y alterando el ritmo de extinción actual.

Se ha transformado los ecosistemas, principalmente selvas, dunas, manglares y arrecifes, reduciéndolos –en algunos casos– a la mitad de su tamaño original, y contaminado drásticamente los océanos, provocando la pérdida de servicios ambientales. Esto es un drama, al considerar que el mar Caribe es fuente de nuestra riqueza económica.

Los árboles talados en las zonas centro y sur del Estado podrían haber sido fuente de aire limpio; los ríos, mantos freáticos y cenotes podrían ser la única fuente de sobrevivencia, aunque algunos están contaminados y otros explotados turísticamente sin control, poniendo incluso en peligro el derecho al agua.

A nivel nacional el dato impacta: el costo anual del detrimento ambiental en México representa entre el 8 y el 10 por ciento del PIB nacional, y los recursos públicos que se destinan al sector no superan el 2 por ciento, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales o agencias especializadas en medio ambiente y recursos naturales.

En síntesis, un grupo numeroso (inversionistas, agricultores, etc.) se ha posicionado irracionalmente por encima de la tierra y de sus elementos a costa de la extinción de la vida en su máximo esplendor.

Es un panorama desalentador, fatalista, pero es real. Resulta fácil culpar a gobiernos, empresas y tomadores de decisión por los problemas ambientales que enfrentamos y que están interrelacionados con los problemas políticos, económicos, sociales y culturales del Estado y del país, pero pocos saben reconocer que todos somos responsables. Y cuando se trata de un daño tan irreparable, somos cómplices. 

La falta de sensibilidad, la indiferencia, la negligencia, el desconocimiento de nuestra riqueza natural y su importancia, así como el débil compromiso individual, son factores que propician el desarrollo de estos riesgos.

Los estados costeros y sus habitantes podemos proteger con mayor ahínco las playas y evitar a toda costa su degradación, logrando que las empresas de cualquier sector y los municipios den un tratamiento a las aguas residuales y no permitan su descarga en el mar, o incluso generando conciencia para que dispongan sus residuos en sitios adecuados y no los abandonen. 

Asimismo, propiciando actividades turísticas-recreativas o de cualquier índole que no pongan en riesgo el ecosistema marino; alentando el desarrollo económico con criterios de sustentabilidad, y realizando más campañas de limpieza en el litoral, en los cenotes o en los cuerpos lagunares, como ya sucede aunque de manera tímida.

Por ello debemos involucrar a todos los actores sociales y fortalecer sus interacciones, incrementando su participación para reparar, rescatar, recuperar y preservar todo lo posible. Si bien cada día surgen más personas y organizaciones de la sociedad civil con nuevas ideas, ocurren más manifestaciones contra las actividades que atentan contra el equilibrio ecológico y se promueve una transición de vida hacia lo sostenible, desafortunadamente aún falta mucho por lograr que la cuestión ambiental sea considerada una prioridad en la agenda pública de todos los niveles de gobierno.

La riqueza es suficiente, pero hay menos tiempo para actuar.