18 de Septiembre de 2018

Opinión

La salud de la República

el movimiento estudiantil del IPN es una muestra de la sensibilidad de una generación y sus grupos sociales de origen frente a los usos y costumbres autoritarios como los que desplegó Yoloxóchitl Bustamante.

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Los recientes conflictos sociales y de seguridad, basta mencionar el ataque de la policía de Iguala a normalistas de Ayotzinapa y la crisis en el Instituto Politécnico Nacional, deben encender las alertas de la clase política, la sociedad civil y el gobierno.

El México moderno al que aspiramos y que promete la administración de Enrique Peña Nieto es impensable en un ambiente de inseguridad e impunidad tal que permite que elementos policiacos presuntamente vinculados al crimen organizado puedan desaparecer a 43 estudiantes normalistas tras una agresión en la que murieron tres personas.

Más allá de la radicalización e ideologización de las escuelas normales rurales —cuyos vínculos con organizaciones guerrilleras como el Ejército Popular Revolucionario son conocidos—, no se puede evadir que el origen de su descontento y activismo está en una profunda pobreza y marginación cuya existencia pretenden negar nuestra clase política, los grupos económicamente privilegiados y muchos de los medios de comunicación.

De la misma forma, el movimiento estudiantil del IPN es una muestra de la sensibilidad de una generación y sus grupos sociales de origen frente a los usos y costumbres autoritarios como los que desplegó Yoloxóchitl Bustamante y que tuvo que corregir el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una maniobra política que más que excepción debería volverse tendencia y signo del actual gobierno.

Porque la administración de Peña Nieto puede caer en el exceso de la tentación autoritaria tras la aprobación de las reformas estructurales y buscar la unanimidad más que desplegar una política democrática y tolerante, basta como ejemplo la vergonzosa sumisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el actual gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado.

Sin duda, la eficacia política es la mejor carta de presentación del PRI restaurado. Pero los gestos autoritarios y la pretensión de contar con una interlocución dócil en los medios, la sociedad civil y la oposición política son una mala herencia que no debe regresar. Es un imperativo de una República saludable y visionaria.

El México moderno, justo y próspero que ofrecen el PRI y Peña Nieto y que exigimos y añoramos pasa por la legalidad y la tolerancia, pretender lograrlo por otras vías es no solo imposible, sino éticamente reprobable.

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