Si el gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, ha cumplido con dotar de la mayor cantidad de equipamiento para las corporaciones policiales y delegado claramente las instrucciones para lograr seguridad en Quintana Roo, y lo anterior no se está logrando, entonces es evidente que alguien no está cumpliendo su labor.

La aseveración anterior, aunque lapidaria, no tendría porqué ser motivo de falsa mesura, autocensura mediática o agravio fingido, si las mismas corporaciones de seguridad y sus titulares han reconocido que delitos como los robos a casa habitación y aun los robos con violencia los están rebasando en el estado, antes bien la responsabilidad es dar a conocer que, a pesar de los esfuerzos realizados, los resultados no se están obteniendo, y a partir de ello tomar decisiones.

Porque durante mucho tiempo se afirmó que la criminalidad creció o se mantuvo porque Bibiano Villa Castillo estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública; y que por ello la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no encontraba un aliado para poder avanzar contra la criminalidad, pero lo cierto es que, aunque no pueden esperarse resultados “milagrosos” en poco tiempo, tampoco ha habido ninguno perceptible, a excepción de la actitud de Juan Pedro Mercader de “dialogar” con los diferentes sectores de la sociedad.

Por otra parte, crecen ya los rumores de un posible enroque desde el Poder Judicial del Estado y la titularidad de la PGJE donde aun se desempeña Gaspar Armando García Torres, mismo que se concretaría una vez pasado el tercer informe de gobierno, para ver si de esta manera se logran avances efectivos.

Borge Angulo ha cumplido como ningún mandatario en equipamiento para las corporaciones, pues ha entregado vehículos, armas y posibilitado la capacitación, que cabe señalar hasta la administración estatal anterior estaba en el último lugar nacional de certificación de policías. El avance ha sido notable en ese rubro; pero en contraparte, la semana anterior el Inegi señaló que la entidad se ubica en el lugar número 8 a nivel nacional en alteración de datos oficiales para aparentar mejoría en el combate a la criminalidad; lo cual muestra que, evidentemente, alguien lo hizo para aparentar estar cumpliendo su tarea, y esa no puede ser responsabilidad del mandatario, pero sí debe sancionarse a los culpables.

Y lo anterior es importante no por el hecho de satisfacer un morbo social de lograr “desquite” a los robos de que son objeto a partir del despido de alguien, sino porque es obvio que a partir de tales alteraciones de datos las decisiones que se toman no son acorde a las necesidades reales, y ello sí es factor de que no se logren avances efectivos, aun cuando se esté dotando de todas las herramientas y se deleguen las acciones adecuadas, en las personas inadecuadas.

La criminalidad ha evolucionado y se está agravando, lo cual tampoco es afirmación del escribiente, sino una realidad palpable, el asesinato reciente de la activista María Elena Pérez Huerta es muestra de ello; y en redes sociales se ha destacado que los rápidos resultados en la solución del crimen son también muestra tangible del desempeño de las corporaciones de seguridad o sus titulares, pues decenas de miles de robos permanecen sin solución; pero justo el que se magnifica por la importancia del agraviado es el que se soluciona. Ni como ayudar.

Es el momento oportuno para lograr avances reales y realizar los cambios necesarios. Es la víspera del tercer informe de gobierno del gobernador Borge Angulo; es el pináculo de su administración y es ahora que tiene que prepararse su legado como uno de los gobernadores más jóvenes del país, y no puede ser el tema de la seguridad perdida un rubro para dejar pendiente, en una sociedad agobiada por el despojo por robos de lo de lo poco que posee.

La coyuntura del informe representa entonces la oportunidad de reflexionar. Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.