El 1 de junio fue creada la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes de Quintana Roo. Desde entonces, ha recibido 13 denuncias, principalmente por robo, fraude, abuso de confianza y violencia familiar; delitos no graves, cuando se comparan con los registrados en Chiapas o Tabasco, también estados fronterizos donde operan fiscalías similares, en el marco del programa “Frontera Sur”.

Xóchitl Godínez Ystepan, coordinadora de este organismo dependiente de la Procuraduría de Justicia (comandada por Gaspar García Torres), asegura que los cuatro elementos del Ministerio Público y los siete de la Policía Ministerial adscritos son suficientes para encarar los temas relacionados en la frontera con Belice, la cual supera los 100 kilómetros de extensión. Por ahí, se ha documentado, circula de todo: indocumentados, drogas, armas y múltiples objetos prohibidos.

“Por ahora”, porque Godínez Ystepan confirma que debido a la inseguridad y al blindaje en regiones de la franja limítrofe sur del país, los ilegales buscan otras rutas de ingreso, y Quintana Roo es una opción tanto por la cercanía como por la porosidad en tramos del Río Hondo. “Hemos sostenido reuniones con delegados y comisariados ejidales; asimismo, tenemos acercamiento con representantes de Consulados y Embajadas vía telefónica o por correo electrónico mientras se concretan las reuniones formales”, afirma la coordinadora.

Debido a los pocos agentes a disposición y las escasas denuncias pareciera que el trabajo es menor, pero no: cada vez son más compleja las problemáticas presentada por beliceños, guatemaltecos, salvadoreños, e incluso estadunidenses, quienes demandan desde orientación en temas legales para su regularización migratoria, hasta la aplicación de los derechos fundamentales consagrados en las leyes. 

Lo anterior implica que al representar una realidad multifactorial se coordinan tareas con otras instancias (municipales, estatales y federales), como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión estatal de Derechos Humanos o el DIF, por citar de las más participativas. “Por eso es suficiente aún el personal”, justifica Xóchitl Godínez. 

Analizados a fondo, estos factores reflejan un panorama muy difícil en el sur de la entidad, zona de su jurisdicción. Porque además de lo expuesto, Quintana Roo es un polo de desarrollo natural, donde se brindan mejores oportunidades de vida para esos miles de migrantes en ruta hacia otros destinos. En tal sentido, es lógico que se requiera ampliar el área de injerencia, aumentar las facultades, incrementar el presupuesto, contratar más personal y mejorar la capacitación.

De hecho, la reciente captura de un presunto “pollero” en el aeropuerto de Cancún, junto con ocho guatemaltecos indocumentados, quienes pretendían viajar a Chiapas, deja en evidencia uno de los nuevos circuitos y, al mismo tiempo, que si bien por ahora el personal es suficiente o los delitos no son graves, los problemas tienden a agravarse, también en la zona norte.

Difícilmente veremos una situación como la de otros estados, donde hay “celdas de castigo, trato violento y humillante como táctica para amedrentar a quienes exijan el respeto a sus derechos, acoso de los custodios que piden sexo a cambios de brindar un mejor trato, discriminación étnica y racial, escasez de fármacos, así como nula atención médica para personas con problemas mentales”, según el informe Derechos Cautivos, presentado el 21 de julio pasado por cinco organizaciones no gubernamentales.

Por ahora prevalece aquí la voluntad de enfrentar con seriedad al fenómeno migratorio. El procurador García Torres ha sostenido que la situación de los migrantes es de especial interés para la Procuraduría y siempre con miras a respetar sus garantías, lo cual, aunado a la capacitación impartida por Gobernación para los servidores públicos, más la coordinación efectiva entre las jerarquías, ratifica la condición todavía tranquila para los extranjeros.