¡Inverosímil! Dirán algunos. ¡En estos tiempos la esclavitud no existe! Pero es algo tan real que en el concierto de las naciones que pueblan la tierra, al menos la gran mayoría de ellas, no sólo se le reconoce como un delito a nivel internacional, sino que existen leyes, reglamentos y ordenamientos diversos para ponerle un freno a esa amenaza a la cual se le considera en tercer sitio a nivel mundial, apenas detrás del tráfico de drogas y de armas, respectivamente.

Los orígenes de la trata de personas podemos encontrarlos en la esclavitud, un factor tan importante, para algunos países, que incluso se constituía en la base de su economía y en algún tiempo las mujeres negras eran dedicadas también a la prostitución, pero las exigencias en este “campo” hicieron que comenzara la explotación de mujeres blancas y entonces se habló de la “trata de blancas”, lo que constituyó un delito. 

Ese comercio ha continuado y dando grandes saltos en la historia, diremos que en 1994 inició Estados Unidos de Norteamérica el seguimiento al delito de la trata de humanos y fue cuando diversas leyes contra ese delito se aprobaron en ese país.

En México se promulgó, en el 2007 la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. El Reglamento correspondiente fue publicado en febrero del 2009. En ese mismo año 22 Estados mexicanos y el Distrito Federal decretaron reformas en su Código Penal en donde se tipifican algunas formas de la trata de persona y sólo algunos cuentan con leyes específicas en la materia, Yucatán es uno de ellos, pues el 15 de marzo del 2011 el Congreso del Estado de Yucatán aprobó la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Yucatán, publicándose en el Diario Oficial del Estado el 1 de abril de ese año.

La UNICEF, siglas en Inglés del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, considera que en nuestro país hay unos 16,000 niños y niñas víctimas de la trata, especialmente en zonas fronterizas y turísticas, indicando que las entidades con mayor riesgo para la comisión de ese delito son: el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.

En ese contexto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) interpuso ante la Agencia del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República una denuncia, en contra de quien o quienes resulten responsables, por la comisión de hechos posiblemente delictuosos que podrían constituir el delito de trata de personas, en agravio de indígenas de origen chiapaneco –principalmente mujeres y menores- que laboran en el comercio ambulante en la ciudad de Mérida. 

La denuncia fue interpuesta por el Visitador General de la CODHEY, Lic. Miguel Oscar Sabido Santana, ante la Delegación de la PGR, como resultado de una investigación realizada por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, la cual di a conocer el pasado mes de agosto durante el Informe Anual de Actividades que presenté ante el Congreso del Estado.

En esa ocasión mencioné el presunto delito de trata de personas del cual son víctimas vendedores y vendedoras ambulantes de origen chiapaneco en la ciudad de Mérida y anticipé que se interpondría la denuncia, lo cual se concretó el pasado día 24 ante la autoridad federal. 

En uso de las facultades conferidas constitucionalmente a la CODHEY, se integró la denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de trata de personas, en agravio fundamentalmente de mujeres, niñas y niños. 

La investigación documentó evidencias de marginación, traslado involuntario, hacinamiento, vulneración al Derecho Humano a la salud, la educación, la cultura y preservación de las comunidades indígenas de mujeres, niñas y niños de origen chiapaneco. 

San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Pijijiapan y Comitán, son las localidades del Estado de Chiapas de donde proviene una gran parte de las personas que estarían siendo víctimas de este presunto delito.