15 de Noviembre de 2018

Opinión

La vuelta a casa del general

La PGR jamás ha explicado cómo pudo ser posible que un puñado de militares manejara a discreción instalaciones a cargo de la SCT.

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Como publica Rubén Mosso en esta edición, la PGR no puede “ordenar” a Gustavo Adolfo Flores Delgado que comparezca ante el juez, simplemente porque el ex agente del Ministerio Público federal, a finales de noviembre, renunció a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

De girar otro requerimiento, el juzgador tal vez lo haga con la fórmula “presentar”, a fin de que le lleven a quien pretendió que el probable delincuente apodado La Barbie, a cambio de involucrar al divisionario con el crimen organizado, relacionara al ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, con la banda de los hermanos Beltrán Leyva.

Según el equipo defensor del militar, Flores Delgado, en compañía de otro abogado, acudió al penal de máxima seguridad del Altiplano a proponerle a Édgar Valdez Villarreal convertirse en “testigo protegido” para ganarse un “trato especial” si inculpaba al general.

Para efectos de sentencia, quién sabe aún cuánto pese una declaración judicial del supuesto fabricante de testimonios, pero a favor de Ángeles Dauahare ya juega, y de manera decisiva, la admisión de la PGR: no tiene más diligencias ministeriales que puedan corroborar los dichos del delincuente confeso identificado como Jennifer, en el sentido de que el ameritado soldado, en la gloria y ocaso de su carrera, aceptó trabajar para criminales.

Basada en puros dichos de terceros, la principal imputación es que Ángeles acudió a Perisur en su automóvil, lo estacionó y abordó una camioneta en la que lo esperaban malandros para ser llevado ante un capo di mafia; que aceptó cumplir un arreglo de “protección” y que, devuelto al centro comercial, echó a su cajuela una maleta repleta de dólares antes de marcharse.

El acuerdo, se afirma en la acusación (que implica a media docena de mandos castrenses), consistió en garantizar la bajada de cargamentos de droga en los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca, Cancún y Cuernavaca.

La PGR, sin embargo, jamás ha explicado cómo pudo ser posible que un puñado de militares manejara a discreción instalaciones a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las que otras dependencias y gremios (Servicio de Administración Tributaria, la misma PGR, Policía Federal, Cisen, Secretaría de Gobernación, controladores de vuelos y trabajadores de tierra) son decisivos para la operación aeroportuaria.

De otra manera: si no han sido apresados las decenas o centenas de cómplices del general Ángeles Dauahare y coacusados, habría que imaginar que cinco, seis militares a lo más, anduvieran del tingo al tango, del centro al sureste del país, subiendo y bajando switches, haciéndole al “viene-viene”, abriendo y cerrando hangares para que los narcotraficantes cargaran y descargaran drogas.

Luego de que un tribunal federal ratificó el auto de formal prisión dictada por el juez de primera instancia sobre sospechosos “testimonios” de oídas y de saberse que a la PGR se le acabó el parque acusatorio, al general se le espera pronto en su casa… 

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