19 de Septiembre de 2018

Opinión

Las barbas del señor alcalde

La lista de exalcaldes reclamados por la justicia pudiera ampliarse esta semana con el chiapaneco Juan Sabines del PRD.

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La exigencia de rendición de cuentas a los gobernantes y la autonomía del Poder Judicial son premisas básicas para avanzar en el desarrollo de nuestra democracia. Hoy día hay indicios de que hemos alcanzado la capacidad para procesar y castigar a los malos funcionarios, como producto del establecimiento de un sistema electoral confiable, donde la alternancia es una real posibilidad en cada una de las elecciones.

Así lo hemos visto en los últimos días en que 3 gobernadores han sido reclamados por la justicia para dar cuenta de su actuación, y aunque el tabasqueño ha sido quien se robó los reflectores, tal vez justificado por los comportamientos pintorescos suyos y de su sucesor, lo cierto es que ni el tapatío ni el aguascalentense están es un lecho de rosas.

Dado el monto presuntamente defraudado, el pez más grande sería Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco, acusado de “irregularidades” por 5 mil millones de pesos; luego estaría Andrés Granier Melo, sospechoso de haber desfalcado  1,900 mdp; en tanto que el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, es hasta el momento el más chico pues fue acusado de peculado por comprar un tomógrafo de 13.8 mdp que nunca llegó.

Y como para demostrar que de todo hay en la viña del Señor, debemos constatar que se trata de dos exmandatarios del PAN y uno del PRI, aunque la lista pudiera ampliarse esta semana con el chiapaneco Juan Sabines del PRD (presunto desvío de $40,000 millones).

César Camacho declaró que va a iniciar el proceso para expulsar del PRI a Granier y Gustavo Madero que Reynoso Femat ya fue expulsado del PAN, aunque fue restituido por el Trife; de Emilio González no ha dicho nada, pero se sospecha que si es declarado culpable lo hará.

Y aunque sus partidos se hayan deslindado de ellos y hayan sufrido en mayor o menor medida linchamiento mediático, en rigor hasta el momento debemos presumir su inocencia, puesto que no se ha demostrado su culpabilidad y ningún Juez los ha sentenciado culpables.

Como quienes los sustituyeron, y los acusan, son de otro partido, el deber del Poder Judicial es despejar cualquier indicio de que se trata de venganzas de carácter partidista, como el “michoacanazo” de Calderón, respetando el debido proceso y probando fehacientemente las acusaciones.

No hay duda que  esto representa una seria advertencia para todas las autoridades, ya que sus actos administrativos serán más pronto que tarde sometidos al más minucioso escrutinio, por lo que deben sujetar su comportamiento estrictamente a lo que les ordene la Ley.

Por ello hubiera querido –parece que llegué tade- recomendarle a Renán Barrera que se abstenga de adquirir, sin la licitación pública correspondiente, las lámparas que ya  hoy comienza a poner, pues el “consejo ciudadano” que formó entre sus allegados carece de facultad legal para eximirlo de cumplir la Ley.

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