La revisión de los gastos de los partidos políticos por el IFE se realiza sobre la comprobación presentada por cada uno de ellos. La autoridad electoral no escudriña el uso de recursos en la realidad, no valora gastos evidentemente hechos pero que no dejan huella documental (como el transporte de simpatizantes, los regalos que hace en los mítines, o el pago de activistas, por mencionar sólo algunos), sino exclusivamente la información proporcionada por los partidos y sus cuentas bancarias oficiales. Se trata pues de una revisión contable y no de una fiscalización, pese a que ese sea el nombre del organismo encargado de la revisión.

En el dictamen que dicha Unidad de Fiscalización presentó esta semana se asienta que la coalición Movimiento Progresista y su candidato, Andrés López Obrador, rebasaron los topes al gasto de campaña.

Visto que la afirmación se hace a partir de la documentación presentada por los partidos involucrados, resulta muy difícil creer que se trate de un error o directamente de una adulteración, y parece evidente que, en el mejor de los casos, el PRD y sus aliados hicieron mal las cuentas.

Pero el dictamen también asienta que el PRI no sólo gastó menos que las izquierdas, sino que se quedó por debajo del límite establecido, lo cual sí es verdaderamente increíble.

El dispendio mal disimulado hecho por este partido fue, a ojos vista, muy superior al de cualquiera de sus competidores, y se manifestaba exuberante en sus eventos públicos, con transporte, comida, regalos y gratificaciones diversas para los participantes, amén de otros gastos menos obvios pero también notables.

El tricolor, sin embargo, presentó mejor sus cuentas y ese gasto quedó sin registro, aunque pocos, si acaso alguno, dudan de que existió y de que fue descomunal.

Independientemente de las presiones del PRD por evadir una multa que sí se merece, el actual sistema de fiscalización ha exhibido su fracaso al ser incapaz de registrar el gasto real de, al menos, PRI.

Yerra el presidente del Instituto, Leonardo Valdés, al defender el dictamen por las virtudes técnicas de su elaboración. La realidad lo desmiente y exhibe la insuficiencia del IFE para entregar a la sociedad el producto que necesita: conocer el gasto de cada campaña, penalizar sus excesos y abonar a que no sea el dinero sino la voluntad de los ciudadanos lo que decida las elecciones.