26 de Septiembre de 2018

Opinión

Las netas de Renato

Sales Heredia dio el que es quizás el diagnóstico más detallado de la situación de las unidades de policías antisecuestro de las 32 entidades.

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La semana pasada Renato Sales Heredia, coordinador nacional contra el secuestro, dio el que es quizás el diagnóstico más detallado de la situación de las unidades de policías antisecuestro de las 32 entidades.

En la fácil, se podría decir que simplemente expresó lo que cualquier mexicano sabe al leer las noticias todos los días: que los grupos contra secuestro valen para puro sorbete, razón por la cual ese delito de alto impacto sigue al alza.

Pero no solo eso, en la Secretaría de Gobernación, Sales Heredia expuso que los estados que presentan más secuestros son Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y el Estado de México.

Sin embargo, sistemático como es, Renato aporta un nuevo elemento para enfrentar el problema: la claridad. De esta forma deja de lado por primera vez la vaguedad a la que por décadas nos han acostumbrado las autoridades y señala que solo Chihuahua, Nuevo León y Puebla tienen equipos entrenados y eficaces para enfrentar el plagio.

Así, Renato Sales muestra que pretende enfrentar el gravísimo problema de inseguridad sin consideraciones políticas ni cálculos personales, pues sin duda a los 29 mandatarios (de PRI, PAN y PRD) incapaces de conformar grupos antisecuestro no les gustó nada la exhibición que les dio.

Pero no hay de otra para entrarle al problema que dejar claro que las autoridades locales no están cumpliendo con la responsabilidad de dar seguridad a los mexicanos.

A partir de ahí se pone la base de construir la estrategia para poder acabar con la creciente ola de secuestro que se vive en México por la misma causa que se comete cualquier tipo de delito: 90 por ciento de posibilidades que tienen los delincuentes de quedar impunes.

Y quedan impunes porque gobernadores, procuradores y secretarios de seguridad pública de prácticamente todos los estados del país no cumplen con su obligación de dar bienestar, servicios y seguridad a los mexicanos.

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