El ex gobernador Roberto Borge Angulo pudiera ser encarcelado, de eso ya no queda duda; los cuestionamientos en todo caso están en cuál será la causa real por la que el ex mandatario ingresará a prisión; pues hasta ahora hay un aspecto que poco se ha analizado y es el de los “beneficiados” o “compradores” de las casi nueve mil hectáreas que se enajenaron irregularmente, porque seguramente habrá más de uno que no querrá perder su dinero, ahora que la PGR ha incautado 25 predios con valor de cinco mil millones de pesos. Las otras demandas, por venta fraudulenta, vendrán “de rebote”.

La privatización de esas miles de hectáreas pudo haber sido irregular, pero quedó legalmente registrada y aunque al inicio de la gestión de la XV Legislatura varios nombres surgieron, ahora los diputados han guardado un extraño silencio, pero no se espera lo mismo de quienes adquirieron terrenos, en caso de que la PGR decida incautar aún más tierras vendidas.

Por ejemplo, en medios locales y nacionales se destacó la adquisición por parte del complejo hotelero Bahía Príncipe, de un predio de un millón 630 mil metros cuadrados en Akumal, a un costo de 65 pesos el metro cuadrado; lo cual significa que sólo pagó 107 millones de pesos por dicha propiedad, cuando debió pagar por lo menos cuatro veces ese monto. ¿Será que la PGR incautará también ese predio? Y por muy inmoral que fuera la adquisición, los hoteleros españoles perderán su inversión sin dar batalla legal?

El gobernador Carlos Joaquín González ha señalado en diversas entrevistas a medios nacionales que ningún integrante de su gabinete fue beneficiado de dichas ventas irregulares, pero en su momento medios locales destacaron que, entre las nueve mil hectáreas enajenadas, están los predios adquiridos, entre otros, por el actual secretario de Gobierno, Francisco López Mena; y el actual jefe de la Oficina del Ejecutivo, Miguel Ramón Martín Azueta. ¿Ellos no denunciarán si incautan los predios que compraron?

Como se ve pues, no sólo familiares de Roberto Borge Angulo adquirieron terrenos a bajo costo, y las reacciones de las incautaciones apenas estarían por ocurrir. Veremos, por cierto, si el ex secretario de Educación quintanarroense, José Alberto Alonso Ovando, pierde también los predios adquiridos “baratitos” y decide no denunciar. Porque el ex funcionario, según se especuló, fue otro “beneficiado”, al comprar terrenos a precios que rondaban el uno por ciento de su verdadero valor.

Recapitulando, la Consejería Jurídica del gobierno estatal interpuso la denuncia por las ilegales ventas de predios, y ante ello el ex gobernador Borge Angulo no ha dicho “esta boca es mía”; pero aun faltan las denuncias que los compradores hagan en contra del cozumeleño y los funcionarios que integraron su gabinete; porque se infiere que la PGR hará una incautación total y no selectiva de los predios vendidos irregularmente, ¿verdad? Y repetimos, por muy baratos que los hayan comprado, los adquirientes difícilmente perderán su inversión sin buscar que se sancione al culpable. Esto apenas comienza, y la cárcel es cada vez más posible para Borge Angulo.