Desde el momento en que el alcalde de Mérida anunciara su disposición para dejar de cumplir de manera unilateral el contrato de arrendamiento con la empresa ABC & Leasing por la renta de las luminarias, desde este espacio le advertimos, más allá de cuestiones partidistas,  sobre la necesidad de actuar con prudencia y certeza jurídica para evitar caer en el riesgo de propinar un grave daño patrimonial a las finanzas municipales.

Le aconsejamos que, antes de dejar de cumplir el convenio, siguiera el procedimiento legal necesario para que sea la autoridad judicial quien determinara sobre la pertinencia o no de declarar la nulidad de ese contrato por el presunto incumplimiento de sus términos por parte de la empresa. 

Sin embargo, dada la reciente sentencia de un juzgado de lo civil del DF, condenando al Ayuntamiento a entregar al banco Santander el monto correspondiente a la renta de las lámparas que dejó de pagar y a continuar haciéndolo por el lapso estipulado en ese compromiso, a los ciudadanos de Mérida nos queda claro que la autoridad municipal desoyó las advertencias que desde aquí y por parte de los ediles sensatos le hicimos para que actúe con apego al derecho.

No obstante, la responsabilidad del daño económico causado a los habitantes de esta ciudad capital no debe atribuirse exclusivamente a los funcionarios administrativos del Ayuntamiento, pues jugó un papel protagónico en ese desliz el equipo empresarial que realizó las tareas de acompañamiento y falsa legitimación de los actos ilegales que se cometieron, como la compra de lámparas sin el proceso obligado de licitación y al doble del precio al público que, luego se vio, resultaron beneficiados al ser proveedores de dichas luminarias.

A los dislates en materia legal se agregaron disparates en materia técnica, pues justificaron su apego a las lámparas viejas, con mayor consumo de energía eléctrica, con los argumentos de no alumbrar suficientemente las calles, ser chinas y, ¡no se sorprenda! causar cáncer.

Dejando de considerar que el alumbrado público no requiere de la intensidad lumínica de las casas habitación; que todas las lámparas para alumbrado público se producen en China y que, por supuesto, lo del cáncer es una patraña.

Lo peor es que con el viejo argumento de Alí Babá quisieron convencer a la sociedad yucateca de sus desatinos para beneficiar a los mercaderes que difícilmente podrían vender las lámparas viejas.

Y que la única “estrategia” legal del Ayuntamiento consistió en escamotear la información a las autoridades con el exclusivo objetivo de prolongar la disputa para que sean las próximas administraciones las que paguen el pato.

Lo malo es que seremos los ciudadanos meridanos los que a final de cuentas pagaremos por las pifias de una autoridad, con recursos que de otra manera se hubieran usado en obras públicas.