Sin duda, el primer gran golpe a la delincuencia organizada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido la toma de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, enclave y gran fuente de recursos de los Caballeros Templarios.

Las autoridades señalan que ese cártel tenía ingresos al año por 970 millones de pesos, lo que equivale a casi el doble de lo que la Secretaría de Hacienda ha solicitado para Seguridad Social en el Presupuesto 2014 para la Armada de México, poco más de 493 millones de pesos.  

Las actividades de los Templarios en ese relativamente joven puerto mexicano iban desde el trasiego de drogas, extorsiones a empresas y municipios, derecho de piso, narco-cuotas, contrabando y piratería, hasta negocios lícitos que les permitían ‘blanquear’ los recursos ilícitos. 

Un dato: según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas se ubica en el número cuatro a nivel nacional en recaudación, por ello era imprescindible el ingreso de fuerzas federales, para arrebatarles el poder a los grupos criminales. 

Ahora, la Marina -que tiene ahí una Zona Naval- se hará cargo de la Aduana, de la Capitanía de Puerto y de la seguridad en el recinto portuario; el Ejército, de la vigilancia de la ciudad y de la evaluación y capacitación de los policías municipales relevados, esto con apoyo de la Policía Federal. La tarea llevará tiempo, años, dicen. 

En cuanto a la rotación de mandos, esta medida se aplica por procedimiento en el Ejército y la Armada, ya que evita la cooptación por parte de la delincuencia, algo que debería implantarse en otras áreas de la administración pública.

Ahora bien, el que ese puerto del Pacífico mexicano se convirtiera en centro principal de operaciones de grupos criminales es responsabilidad de varios gobiernos municipales y estatales. Y, como en el caso de las construcciones en zonas de alto riesgo de Guerrero, que propiciaron tragedias con el paso del huracán Manuel, hay que llamarlos a cuentas.