Por más que el clamor popular exija mayor celeridad en las acciones contra presuntos actos de corrupción de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, si se quiere hacer justicia sólo existen los caminos que prescribe la ley.

Como toda persona objeto de acusaciones o señalamientos sobre la legalidad de sus actos –en este caso como gobernante–, Borge tiene todo el derecho al respeto de sus derechos humanos, que desde luego incluyen un tratamiento justo e imparcial por parte de las instancias de procuración e impartición de justicia, pero de igual manera si sus detractores quieren llevar a buen término las querellas y que se haga justicia necesitan hacer acopio de elementos que demuestren la comisión de corruptelas y otros abusos, como serían los desvíos de millonarios recursos por los que se le señala.

Tanto el ex mandatario como sus enemigos requieren de lo mismo: el uno para asegurarse no ser víctima de linchamiento y los otros para evitar que se caigan los eventuales juicios por faltas al debido proceso, que tanto vigila el sistema acusatorio de justicia penal. Por supuesto que se entiende la impaciencia de la indignada cuanto agraviada opinión pública del estado, pero si las autoridades actuaran de manera imprudente o impulsiva estarían garantizando que los eventuales juicios fueran anulados por pecados procesales, garantizando con ello la impunidad del susodicho.

Pero se está avanzando. Ya no se habla en abstracto ni sólo se acusa a Roberto Borge de corrupto por causa de la animadversión popular –por su impopularidad–. Las investigaciones son serias y están en curso. Ayer Reforma y un medio local que tiene como sindicado a ese periódico de dimensión nacional, publicaron en sus portadas una nota en la que se asegura que el gobierno de Carlos Joaquín González investiga los gastos excesivos en los viajes de promoción turística de Borge por Europa y publica fotos del ex gobernador, a la sazón casado con Mariana Zorrilla, acompañado de su novia, la ex diputada verde ecologista Gabriela Medrano.

El gobierno de Roberto Borge, según la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura local, gastó unos 162 millones de pesos al año por la renta de dos jets para traslados oficiales y personales dentro del país y en el extranjero. En los manifiestos de vuelo figuran, además de funcionarios, políticos, empresarios, amigos y familiares, todo según Carlos Alberto Acosta, director del organismo estatal VIP Saesa.

Las auditorías también indagan el destino de dos mil millones de pesos de impuesto al hospedaje que nunca llegaron a los fideicomisos turísticos.

Tranquilos todos: Borge sigue en capilla y siente el aliento de sus perseguidores.