La firma del pliego donde se establecieron ocho acuerdos para levantar el paro de clases en el Instituto Politécnico Nacional entre los integrantes de la Asamblea General Politécnica y su contraparte del Gobierno Federal, más que garantizar el regreso de los estudiantes a las aulas, confirmó la falta de autoridad de la Secretaría de Educación a la hora de sentar las garantías necesarias para que el servicio educativo se dé en las condiciones establecidas con la nueva reforma educativa.

Lo inverosímil es que el recién nombrado director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, en reciente declaración afirmó que “el IPN no va a permitir irregularidades, ni tomará decisiones precipitadas”, entonces no sé cómo llamarle al hecho de ceder completamente a los caprichos de los estudiantes. Analicemos algunos de estos acuerdos:

1. Garantizar que no habrá represalias de parte de las autoridades y del IPN contra los involucrados en la organización estudiantil y comunitaria. ¿Y los destrozos y daños causados en las protestas? Esto se llama impunidad.

2. La desincorporación de las unidades del nivel medio superior del IPN del Sistema Nacional de Bachillerato y a la Reforma Integral de la Educación Media Superior en lo presente y en lo posterior. ¿Qué pasa con las leyes de la reciente reforma educativa? ¿O son ley o qué?

3. Que el Titular del Ejecutivo federal garantice jurídicamente por escrito que no existe en el presente ni en lo posterior injerencias del Tecnológico Nacional de México en las escuelas del Politécnico. ¿Quiénes son para decidir qué se hace o no en materia educativa?

Con estas claras intenciones, el Gobierno Federal acepta dócilmente que los porros incrustados y las corrientes anarquistas sigan usando al IPN como su trinchera de lucha en su eterna rebeldía por aceptar una educación fundamentada en los lineamientos de un nuevo proyecto educativo. Este tipo de negociaciones, en donde se renuncia plenamente a las normas constitucionales establecidas con la reforma educativa, son altamente riesgosas ya que grupos intransigentes y violentos como los maestros de la Coordinadora Nacional (CNTE) sepultan infamemente los derechos de los niños de Oaxaca, Guerrero y Michoacán a recibir la educación pública que el Estado imparte gratuitamente.

Ahora, en el IPN, sucede algo similar cuando un grupo decide cerrar un Instituto dejando sin clases a toda la comunidad estudiantil. No olvidemos nuestro  Estado de Derecho.