El Servicio de Administración Tributaria denunció en la capital del país a 534 de sus trabajadores por ejercicio indebido de funciones. Según el organismo de la Secretaría de Hacienda, los supuestos delitos cometidos fueron, entre otros: falsificación de documentos, uso de documentos apócrifos, cohecho, contrabando, acceso ilícito a sistemas informáticos y peculado. Lo cuestionable es que no brinde detalles de casos concretos ni nombres.

Casi la mitad de dichas averiguaciones ya investigadas por el Ministerio Público federal y el Órgano de Control interno corresponde a la Administración General de Aduanas, área estratégica pero “podrida” de la administración pública. 

En Quintana Roo, la Aduana representa un problema. Su personal ha sido frecuentemente acusado por delitos de alto impacto.

En la Aduana marítima y fronteriza entre México y Belice ha ocurrido de todo: desde maltrato físico a comerciantes internacionales, hasta millonarias incautaciones de mercancía “movida” por funcionarios y jefes policiales. 

Por ejemplo, continúa vigente la investigación acerca de elementos de la Policía Ministerial que en Chetumal cobraban “en especie” a los fayuqueros por el tránsito de productos prohibidos, que no eran destruidos sino repartidos entre quienes orquestaban la pillería. Me refiero a la Averiguación Previa 062/FECCI/QROO/2013 que obra en la Procuraduría General de la República.

Por eso todos dudan cuando autoridades de Seguridad Pública, el Ejército o la XI Zona Naval decomisan fayuca. Empezando el año se detectó un tráiler con 10 millones de “cigarros falsos” provenientes de la Zona Libre de Belice, con valor estimado en 20 millones de pesos. Ahora, cuando lo de la Policía Ministerial es de dominio público, cabe preguntar: ¿En verdad destruyen o queman la mercancía? Si no se destruye, ¿dónde acaba?, ¿entre quiénes la reparten?, ¿dónde están los culpables?.

En Cancún el asunto empeora. La Aduana del aeropuerto ha sido calificada entre las más corruptas del país debido a una supuesta relación con la delincuencia organizada y las redes de mercancía ilícita a cambio de dádivas. Agentes aduanales y jefes de esta adscripción administración han sido evidenciados en notas de prensa locales.

En torno a ello se desarrolló un informe entregado recientemente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia, según el cual la de Cancún “competía” con las de Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y Nogales.

Las gigantescas incautaciones de droga exhiben en parte ese panorama en la terminal nacional que, por temporadas, se sitúa como la de mayor tráfico. En definitiva, una vergüenza nacional.

Investigar el primer semestre, para sancionar con rigor y prontitud como prometen, es buen comienzo. La medida es necesaria pero aún insuficiente, pues los 534 casos deben tener nombre y apellido, además de saber cuál es la pena y cómo se repara el daño. Por lo menos debe saberse con precisión cuántos son de Quintana Roo, donde funcionan con vigor dos aduanas importantes para la nación. 

Habrá que activar incluso una dinámica mediante la cual viajeros y comerciantes internacionales denuncien con facilidad hasta el menor intento de corrupción. 

En fin, deberá difundirse ampliamente el detalle para confiar en que este puede ser el inicio de una transformación positiva no solo en Hacienda, sino en todo el aparto de gobierno como se pretende demostrar.