Por hechos ciertamente reprobables o sucesos complejos y parcialmente conocidos, la sociedad suele dividirse rápidamente entre linchadores de oficio, justificadores interesados y comentaristas con sentencias inapelables. Rara vez en lo escuchado o leído hallamos sensatez y prudencia; menos aún confianza en la respuesta de las instituciones.

Ante la frecuente ausencia o incapacidad del poder público quedan atajos de huida, no avenidas para la convivencia civilizada.

La justicia “pronta, completa e imparcial” rara vez florece; gobernantes y gobernados logramos —o toleramos— que el vituperio acabe con la honra, que la percepción mate a la realidad y que la ley de la fuerza sustituya a la fuerza de la ley.

La falta de análisis sobre lo sucedido y el sesgo y saña contra personas o instituciones son frecuentes; permitir que pase la tolvanera del escándalo para poner en la balanza lo bueno y lo malo sea la excepción.

Para ejemplificar, pregunto:

1. Con lo sabido hasta hoy del albergue en Michoacán, ¿podemos dudar que se trata de una historia que inició hace 60 años como un quehacer maravillosamente humano y terminó con dolor, pudrición y delito?

2. ¿Lo importante es declarar santa o criminal a la mujer, en vez de exigir castigo para los culpables y fortalecer al Estado para que cumpla su deber con los desvalidos?

3. ¿Tenemos conocimiento suficiente de cómo hacer esos operativos de rescate y de la importancia de exhibir fuerza con fines preventivos y disuasivos?

4. ¿Sabemos con qué información contaba la autoridad —y cuál le faltaba— al decidir el número de elementos de fuerza necesarios para el rescate, y evitar cualquier resultado trágico e imperdonable?

5. ¿Había certeza de que solo era cuestión de liberar a unos niños retenidos por una ancianita inofensiva?

6. ¿Aceptamos que la ley y la justicia impiden criminalizar al inimputable y obligan a sancionar al responsable?

Sobre el caso Puebla:

Ante el ominoso crimen que privó de la vida al niño en el bloqueo de una carretera, no importan los hechos ni llevar al asesino ante la justicia; debe aprovecharse la tragedia para sacar raja política y linchar mediáticamente a funcionarios. Eso es lo noticioso, eso reditúa electoralmente.

1. ¿Importa que nadie utilizó balas de goma?

2. ¿Importa que pericialmente se acredite que la lesión mortal no pudo ser producida por una bala de goma?

3. ¿Sirven de algo, para fincar responsabilidades, las fotografías y videos que evidencian que el hoy occiso no iba a su escuela, sino que era manifestante y sostenía una manta?

4. ¿Sirven de algo la voz, el video y la primera declaración ministerial de la madre del niño culpando del crimen a quienes lanzaban cohetones a policías?

5. ¿Sirve de algo que la CNDH no hallara en la “ley bala” contravención alguna a la Constitución ni a tratados internacionales sobre derechos humanos, y que esa ley no propició el delito?

6. ¿Y los policías heridos de muerte no son hermanos nuestros?

7. ¿Ellos no tienen derechos humanos?
¡Son preguntas!