La sociedad se está organizando espontáneamente en Playa del Carmen y Tulum para exigir el respeto a sus derechos, con resultados favorables. Tres ejemplos avalan la hipótesis de que son más conscientes, más contestatarios incluso que en Cancún o Chetumal, la más poblada y la capital del Estado, respectivamente. 

Su importancia radica en que con la participación ciudadana se impulsa el desarrollo social. Al haber ciudadanos activos, la autoridad debiese ser más dinámica, más responsable. 

La más reciente protesta en Akumal, Tulum, reivindicó el movimiento de quienes piden acceso libre a las playas. Primero fue en Playa del Carmen, donde cientos han reclamado por la obstaculización de particulares en las entradas al litoral.

Luego de las protestas para evitar el cierre del acceso en Punta Esmeralda y exigir la apertura de nuevas “ventanas”, los playenses han declarado que mantendrán su lucha para no permitir la construcción de más muros en las entradas. No se conformarán con callejones adoquinados, sino que éstos deben ser dignos, con regaderas, palapas, contenedores de basura, estacionamiento para autos y bicicletas, entre otros servicios.

En este sentido los ciudadanos han ganado el compromiso del presidente municipal, Mauricio Góngora Escalante, en que serán rehabilitados algunos balnearios y no permitirán la privatización de las playas de Solidaridad. En coincidencia han fijado postura regidores de todos los partidos y líderes políticos, incluso del PRD, que subió el tema al Senado.

El alcance de esta protesta -el primero de los tres ejemplos- podría replicarse en otros municipios siguiendo los argumentos de playenses y tulumnenses. 

El segundo ejemplo es el relacionado con los animales maltratados. Hace pocos días los habitantes de Playa del Carmen alzaron la voz en una marcha pacífica para exigir la protección de animales silvestres de la explotación comercial en lugares como la Quinta Avenida. Con el antecedente de haber reunido casi 3 mil denuncias en redes sociales, decidieron hacer un llamado a la autoridad para poner fin a la explotación de animales encadenados para que los turistas puedan comprar una fotografía.

La marcha fortaleció el Reglamento para la Protección de Fauna Silvestre Nativa o Exótica, y de Especies en Amenaza y Peligro de Extinción, el cual regulará dicha actividad, hoy criticada por visitantes internacionales, y en un contexto nacional que impide el maltrato de especies.

El tercero -desarrollado en este espacio anteriormente- está relacionado con el abuso de las empresas de grúas, algunas sin concesión, que cobran tarifas excesivas y no respetan el marco legal. Basta recordar que serían aproximadamente 2 millones de pesos mensuales los que se repartirían entre las cuatro compañías, pero que por ley debería percibir la Comuna.

La cifra es un cálculo que podría ser mayor, en perjuicio del municipio y sus habitantes.

Las quejas ciudadanas van surgiendo en la calle y son canalizadas por alguna autoridad en Palacio. Por ejemplo, la regidora Graciela Falcón, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, contabiliza cerca de 80 peticiones semanales de ciudadanos que llegan a su cubículo en busca de ayuda para alumbrado, boletos de autobuses o ferry, médico o útiles escolares. Muchos fueron escuchados durante los recorridos de Regidora Contigo o Presidente en tu casa, actos que sirven para nutrir los programas sociales.

El riesgo en estas dinámicas ciudadanas es que se politicen, como ocurre en el caso de las invasiones, una forma de organización más compleja y con fines ilegales, evidenciados en esta época electoral. 

Por lo demás, siempre será positivo tener a ciudadanos exigiendo sus derechos, pero también asumiendo sus obligaciones.