En distintos ámbitos se habla de un “despertar ciudadano”, reflejado en protestas o determinaciones que tienden a cambiar realidades ingratas, aunque en algunos casos responde a efervescencias de una coyuntura. Lo ideal es que se avance para un bienestar común, ya que siempre persistirá el riesgo de su manipulación con diferentes propósitos. 

Visto en retrospectiva, el primer gran paso se dio en Malecón Tajamar, cuando ciudadanos de todos los municipios del estado, e incluso del país, se movilizaron por el desmonte en un área de esa ribera lagunar, una de las más cotizadas de Cancún. Ese primer reclamo –suscitado hace seis meses aproximadamente– derivó en una ola de indignación expresada por innumerables activistas. La polémica fue conocida en otros países.

Desde entonces los quintanarroenses han alzado la voz por la privatización del agua, la falta de pago de salarios caídos y el cierre de acceso a playas, entre otros motivos. Algunas marchas han sido pacíficas, aunque otras han terminado con violencia, no precisamente por culpa de los inconformes sino por la actuación torpe de policías. 

En ciertos casos ha intervenido la Comisión estatal de Derechos Humanos, pues aun cuando estas expresiones suponen el ejercicio de un derecho, muchas autoridades las consideran erróneamente un privilegio o una concesión, lo cual explica en parte esos choques agresivos. Además, claro está, hay grupos manoseados por políticos con aspiraciones, que los utilizan como carne de cañón y bandera de lucha. 

Tras la decisión de una mayoría en lo electoral publiqué en este espacio que esa misma determinación (silenciosa pero eficaz) debe ser trasladada a otros planos para transformar entornos disfuncionales o que poco aportan a las causas compartidas por una mayoría. Los temas sobran, para que la sociedad actúe de inmediato.

Ahora bien, ¿qué se busca en el corto y largo plazo? En el corto, se suele apelar a situaciones urgentes, ineludibles, que merecen toda la atención de los servidores públicos y de aquellas instancias con facultades. Asuntos como los reportados en Akumal o José María Morelos, donde hubo intervención policial y heridos, evidencian no sólo la falta de diálogo, sino de intereses que obligan a una revisión profunda de dichas problemáticas. 

Respecto al largo plazo, tratan de cambiar las reglas del juego: eliminar monopolios, revertir la mala imagen de las autoridades, frenar la degradación partidista, evitar las privatizaciones de lo público, combatir los abusos o no cometer más atropellos, para robustecer la democracia cumpliendo cabalmente la ley. En definitiva, tener un mejor estado para aportar en la titánica tarea de consolidar un mejor país.

Por ahí pasa justamente uno de los grandes desafíos de las nuevas autoridades: que la alternancia esté acompañada del bienestar que la población espera ansiosa; es decir, no solamente de una mejor eficiencia en las instituciones, o de un óptimo desempeño, o de un saludable poder público en general. La ciudadanía está reclamando cambios de fondo, no de forma.

Estas manifestaciones deben buscar la solución de las dificultades, pero también nuevos rumbos, sin dejarse manipular para no extraviar los propósitos ni perder la dignidad. La credibilidad de los movimientos sociales es más importante que la capacidad de convocatoria o la relevancia del pliego petitorio, por lo que es imprescindible no permitan la “prostitución” de sus fines ni la claudicación de sus verdaderos líderes.

Algunas de las nuevas autoridades se han asumido como “ciudadanas” antes que partidistas. Es una agradable primera señal. Ahora se debe ejercer una sana presión para que velen por los intereses de quienes los empoderaron con el voto.