Comenzando noviembre, prácticamente a un mes de que se cumpla un año del regreso del PRI a Los Pinos, el gobierno de Enrique Peña Nieto desplegó la acción más relevante de intervención de las fuerzas en un estado en la historia reciente de México.

Ejército, Marina y Policía Federal ocuparon el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, uno de los estados más golpeados por la fuerza del crimen organizado, donde los llamados Caballeros templarios han hecho su gran base de operaciones a nivel nacional y global.

Poco después, en un trabajo de Juan Pablo Becerra-Acosta, MILENIO dio a conocer que este grupo criminal, según las estimaciones de los cuerpos de inteligencia de las distintas corporaciones del gobierno mexicano, tiene ganancias en ese estado por un monto aproximado a los 970 millones de pesos y también reveló los esquemas de operación que van desde la extorsión a pequeños negocios hasta la exportación de minerales al extranjero.

Las autoridades federales tienen además conocimiento de su estructura y de las redes de corrupción con las que Caballeros templarios garantizan sus actividades criminales, pero no solo eso, sino la base social que por desgracia les da cobertura y protección, así como los vínculos de los llamados grupos de autodefensa con diversas bandas de narcotraficanes, extorsionadores y secuestradores.

En este contexto y frente a la presunta complicidad e ineficacia probada de las policías municipales y estatales, las fuerzas armadas siguen siendo la primera y la última línea de defensa. Embarcadas en acciones para las que no fueron diseñadas las instituciones castrenses, los militares fueron lanzados a las calles para cumplir funciones de seguridad desde el sexenio de Ernesto Zedillo, sin que se vea que en el mediano plazo regresen a los cuarteles.

Son ya casi dos décadas en las que Ejército y Marina despliegan sus operaciones en labores de combate al crimen organizado, circunstancia que tiene a sus mandos incómodos y preocupados, tanto que el general Salvador Cienfuegos reclamó el jueves pasado en la Cámara de Diputados el retraso en las urgentes reformas legales para que los militares y las nuevas responsabilidades queden dentro del marco legal.

Afirmó que en “democracia se requiere de la prevalencia de normas que otorguen certidumbre al actuar militar, sin menguar el potencial de las capacidades de defensa y seguridad nacionales”. Es vox pópuli el reclamo de los militares que se quejan de que los poderes civiles no han correspondido con cambios legales a los esfuerzos de las fuerzas armadas. Y es cierto.