En las calles que unen las supermanzanas 60 y 61 de Cancún compiten en la venta de droga al menudeo dos grupos de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años. No rivalizan, sólo compiten: se saben ganadores de la jornada quienes venden más, sin riñas ni venganzas posteriores, acciones que contrastan con las de pandilleros en otras regiones de la ciudad. 

Estos muchachos con una extraña “amistad” (beben y delinquen juntos), pero que no mantienen una “sociedad” como tal, no estudian ni trabajan, y evidentemente sirven a uno o varios grupos delincuenciales. “Atracan a peatones y taxistas cuando les va mal en la venta”, acusan sus vecinas. La mayoría lo sabe, pero prefiere callar por temor. Estos jóvenes son el futuro de Cancún. 

Es, lamentablemente, una realidad país. Cifras recientes publicadas en diferentes días por las encuestadoras nacionales más prestigiosas como Mitofsky y Parametría principalmente, reflejan que casi el 40 por ciento de los habitantes de una localidad sabe quiénes, cómo y dónde venden droga, y que un alto porcentaje prefiere no opinar aunque ha escuchado al respecto. 

Por otro lado, un 50 por ciento asegura que su municipio es peligroso debido, entre otros factores, a la venta de droga y las actividades ilícitas de los pandilleros, quienes actúan con cierta impunidad. No denuncian –argumentan algunos– porque muchos policías los solapan. 

En este renglón, las mismas encuestadoras indican que más del 70 por ciento desconfía de los agentes municipales, aunque más de la mitad reconoce que la autoridad hace “algo” o “mucho” por combatir la delincuencia.

Los datos brindados en otras fechas por organismos públicos y privados de Cancún no distan de las anteriormente expuestas, lo cual da cuenta de una realidad innegable, con leves variaciones en cuestiones porcentuales, pero que en la práctica significan el mismo problema. 

La raíz de la problemática se encuentra en la pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló hace unos días que de los 38.9 millones de jóvenes mexicanos, de entre 12 y 29 años, 6 millones viven en una situación de indigencia, mientras que 44.9 por ciento del total enfrenta algún tipo de pobreza.

Para romper ese círculo de desempleo, carencia de seguridad social, falta de escolaridad y marginación, debe fomentarse, entre otras estrategias, la obligatoriedad de la educación, sobre todo en la edad de estos jóvenes, pero se hace lo contrario. El último dato disponible (2012) es que el Estado mexicano redujo el gasto en educación: de 2 mil 417 dólares por joven aplicados en el 2000, bajó a 2 mil 112 dólares en el 2012.

Más allá de proponer la reflexión seria en torno al tema, de elaborar más programas de atención a grupos sociales, de procurar la prevención policial o de motivar la denuncia ciudadana, debe entenderse que sin educación será difícil romper la dinámica reproductiva de la pobreza y de la delincuencia en las supermanzanas 60 y 61, y claro, también en el resto del país.

La educación o el trabajo regulado representan para estos “ninis” una oportunidad para salir adelante, y para los demás habitantes una esperanza de vivir en una ciudad mejor. En este sentido, tanto las autoridades como los padres de estos menores tienen la obligación de brindarnos a todos esa oportunidad lo antes posible.