Nuestra sociedad tiene un alto déficit de credibilidad en las instituciones públicas. Los ciudadanos en la mayoría de los casos califican mal a quienes ejercen la función pública, ya sea en el poder Judicial,  en el Ejecutivo o en el Legislativo.

Además del serio problema de desconfianza entre ciudadanos y autoridades, los medios de comunicación vuelven noticia las anécdotas de los personajes públicos; basta citar como ejemplo la fiesta privada de los diputados panistas o las fotos de diputados durmiendo en su curul, para aumentar la mala fama de los personajes públicos. 

Por eso la propuesta del PRI de eliminar cien diputados plurinominales, mejor conocidos como pluris, es una propuesta que sólo en apariencia corresponde a una necesidad social,  no es un tema que resuelva de fondo la calidad de nuestra democracia. Es una propuesta electorera; bajo un supuesto ánimo de mejorar el funcionamiento del Congreso, se esconde la intención del Ejecutivo de gobernar con un legislativo débil, disminuido y sin que estén representados todos los ciudadanos. Para poner en contexto la supuesta nueva idea de los priistas, pondré el contexto la propuesta:

El 11 de abril del año 2010, José Córdoba Montoya publicó un texto en el periódico Reforma, el cual fue titulado: Contra el proporcionalismo. En uno de los párrafos menciona:

“El régimen político mexicano siempre ha sido presidencial. Actualmente, el sistema electoral mexicano es de representación mixta con preponderancia mayoritaria. Pero lo que hacen las fórmulas vigentes de integración de la Cámara de Diputados no es atemperar los excesos del principio de mayoría sino violentar su esencia, que consiste en darle el derecho temporal de legislar al partido que obtiene la mayoría absoluta de diputados de mayoría…” 

A continuación trataré de exponer algunos de los argumentos para explicar por qué dicha propuesta contribuye a fortalecer al ejecutivo federal y disminuye la representación de nuestra sociedad. 

El sistema presidencialista mexicano está en el ADN del PRI, forma parte lo que se puede llamar la cultura política de dicho partido, es decir, la forma de hacer política en el que se rinde culto a la personalidad del gobernante, más que a la institución, y en el que los otros dos poderes del Estado funcionan sin real independencia del Ejecutivo. La propuesta de reducir los diputados plurinominales (más allá del partido que provenga) acentúa aún más la postura de un Ejecutivo con un Congreso a modo, sin necesidad de buscar consensos, en el que los acuerdos políticos no impliquen debate, no impliquen negociación. 

Vale la pena recordar el texto publicado por Arnaldo Córdova en el periódico La Jornada, el 25 de abril de 2010, en un memorable texto llamado “Proporcionalidad, Gobernabilidad y Mayorías”, en el que además le responde a Córdoba Montoya:

“La proporcionalidad pareciera tener su contrario en la uninominalidad; no es así, pues en muchos sistemas electorales, incluido el nuestro, se complementan. Son diferentes, pero no necesariamente contrarios. Se vuelven contrarios cuando el uno excluye al otro. La gobernabilidad debe ser democrática; pero se puede plantear una gobernabilidad que tienda al autoritarismo…”

No es necesario adivinar escenarios de cómo sería el país de darse este cambio en la configuración de nuestro Congreso federal, basta con ver cómo los gobernadores manejan a los Congresos locales como si fueran una dependencia más del Ejecutivo, y cómo los supuestos órganos autónomos, funcionan como bolsas de trabajo. 

La división de poderes alienta la rendición de cuentas, el control del ejercicio del poder. Y a pesar de todas las críticas que los partidos políticos reciben, la democracia funciona con partidos políticos, y los partidos políticos representan a los ciudadanos.