21 de Septiembre de 2018

Opinión

Madre que consiente, engorda una serpiente

En esos tiempos muertos, cuando uno tiene chance de pensar en cualquier banalidad...

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En esos tiempos muertos, cuando uno tiene chance de pensar en cualquier banalidad, durante el solitario viaje en autobús, la espera en la antesala de la entrevista o, de plano, en ese tiempo perdido mientras uno decide salir del baño, me llegó una auténtica revelación: ¿Por qué no estudié para abogado? Vaya, ¿por qué ni siquiera me cruzó por la mente en algún momento de mi vida? Y es que luego de conocer los períodos y salarios de que gozan los magistrados de cualquiera que sea la instancia, por supuesto que viene a la memoria la paternal letanía aquella de “estudie, m’ijo, pa’ que sea alguien en la vida…”. Y el complemento práctico, éste expresado en entrevista por el ex gobernador Félix Arturo González Canto: “Hay que cultivar las buenas relaciones… son parte de los proyectos de vida exitosos”, o cosa similar.

Durante los últimos días, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo han sido noticia: Unos por ladinos, otros por rapaces. Y en todos los casos la responsabilidad recae en el Congreso del Estado, donde estos servidores públicos son palomeados a partir de la terna propuesta por el Ejecutivo.

Y no soy quién para poner en tela de juicio tales atribuciones, porque además el criterio e intención de los legisladores encargados de seleccionar al mejor postulante de entre las propuestas presentadas por el Ejecutivo estatal en su momento, quedaría, ese sí, en situación más que cuestionable, porque sus designados siguen pegados a la ubre gubernamental, cuando el destete debió ser promovido hace al menos un lustro, por el mismo Congreso del Estado.

Estos magistrados, para nada leguleyos, han sabido aprovechar la desatención de al menos cinco legislaturas para continuar de manera legaloide ocupando un cargo que, por probidad, debieron dejar disponible para el desarrollo profesional de otros abogados.

Aquí, además de un notorio egoísmo, los magistrados Lizbeth Loy Song Encalada, Oscar Enrique Aguilar Angulo, Arturo Isidro Pacheco Montalvo y Carlos Francisco Sosa Huerta, mostraron un enorme apetito monetario. Imagine pasar dos décadas cobrando mensualmente lo que un asalariado del municipio de Othón P. Blanco obtendría en dos años de trabajo, sin contar las formidables prestaciones de las que estos funcionarios disponen.

Y luego el magistrado Sosa Huerta, que además de poseer una notaría en Cancún, pretendía que el Congreso del Estado le financiara un posgrado en Europa.

En cuanto a Norma María Loría Marín, que también está en la lista de magistrados que pasarán a revisión, tuvo a bien mostrarme la ratificación de seis años adicionales, firmada por la XII Legislatura en 2009, con lo que ella concluirá su período extendido de 12 años en el 2015.

Del ahora magistrado Mario Aguilar Laguardia hay muchas dudas… El antecedente de un probable fraude en calidad de abogado de su propia familia, ya que la denunciante, Olga Josefina Laguardia Valdés, lo acusó por la vía penal en 2010 de haberse hecho ilegalmente de varias y valiosas propiedades, a partir de una herencia que a ella correspondía por ley, entre otras acusaciones, tendrían que haber objetado su nombramiento.

En México, ante la menor sospecha de culpabilidad, un acusado por cualquier delito permanece preso hasta que no se pruebe que es inocente. Entonces, en el nombramiento de Aguilar Laguardia ¿pesó más el influyentismo, el cohecho o lo que haya sido, que el sentido común, la integridad y seriedad de los diputados que avalaron a este individuo como  administrador e impartidor de justicia?

Los próximos días serán de definición tanto para el Poder Judicial como para el Poder Legislativo en términos de su manera de conducirse, sobre todo este último que deberá determinar qué magistrados abusaron de su derecho de inamovilidad y cesarlos, en su caso, y resolver si Mario Aguilar Laguardia cuenta con la calidad moral para fungir como magistrado.

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