Hace algunos años tuve una discusión complicada en radio con un invitado que insistía en que la “lucha” de los maestros en Michoacán y Oaxaca era no solo digna sino necesaria. Recuerdo que le respondí que a mí me parecía no solo indigna sino criminal.

Este último adjetivo le resultó inadmisible. Algunos radioescuchas llamaron señalándome que había exagerado al llamar “criminales” a los maestros: “solo están buscando mejores condiciones de vida”, me dijo alguien, haciendo eco de la misma cantaleta que se escucha, aún ahora, en las manifestaciones en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. No me convenció.

Al final de la emisión reiteré el adjetivo: no desconocía ni desconozco la complicada vocación magisterial y la precaria situación de miles de escuelas y maestros mexicanos, pero negarle el derecho a educarse y, como consecuencia evidente, a la movilidad social a miles y miles de niños me parecía y me sigue pareciendo absolutamente criminal.

Lo que ha ocurrido en Guerrero y Oaxaca en las últimas semanas debe ser la gota que derrame el vaso de la paciencia del Estado mexicano con esos falsos maestros que llevan años condenando a la infancia mexicana a la orfandad cognitiva.

En aras de supuestas “conquistas” que tienen cada vez menos que ver con un sustento digno y mucho más que ver con la protección de privilegios injustos o la defensa de intereses políticos, este grupo de bárbaros que se dicen mentores han llevado al borde del colapso a toda una generación de niños mexicanos. La respuesta a la crisis no es el patético llamado de Gabino Cué a comprender la idiosincrasia “delicadísima”, el entrono único de Oaxaca (¿dónde quedó Cué casi heroico de la alternancia oaxaqueña? ¿Dónde está el hombre que prometió valentía y decisión a la hora de gobernar? Sabrá Dios).

La solución es un golpe en la mesa: el rechazo absoluto de cualquier negociación que implique ceder al chantaje. Todo tiene un límite. El secuestro perenne de una gran parte de la niñez mexicana debe ser intolerable para los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y del país entero. Si los derechos más elementales de los niños mexicanos no son motivo suficiente como para ejercer la autoridad —de manera justa, pero vehemente— en México, ¿qué lo es?