21 de Julio de 2018

Opinión

Manda el que puede y obedece el que quiere

Los pactos de ninguna manera pueden ser unilaterales, ni asumirse como estrategia para acallar críticas mientras alguien simula estar cumpliendo el compromiso adquirido frente a los ciudadanos, que ni son tarugos, ni merecen ser objeto de pretendidos engaños.

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Los pactos de ninguna manera pueden ser unilaterales, ni asumirse como estrategia para acallar críticas mientras alguien simula estar cumpliendo el compromiso adquirido frente a los ciudadanos, que ni son tarugos, ni merecen ser objeto de pretendidos engaños.

¿Por qué? Bien. Administraciones gubernamentales y municipales van, vienen, terminan, comienzan, y el uso de vehículos oficiales para propósitos personales de quienes los tienen a resguardo para actividades única y exclusivamente inherentes a la cuestión laboral que les corresponde continúan. Y las pomposas declaraciones de oficiales mayores que llaman a la ciudadanía a denunciar cualquier mal uso que pudieran observar que se da a estas unidades oficiales, igual.

¿Será falta de carácter del funcionario a cargo para hacer cumplir las consignas, falta de estrategia para controlar el parque vehicular o, de plano, una fortuita complicidad en intercambio de favores? Sólo los involucrados los saben. Pero lo que es un hecho, es que los vehículos oficiales se convierten eventualmente en el automóvil familiar, para ir a la escuela, al súper, para hacer mudanzas, para el paseo de fin de semana o para cualquier cosa que se ofrezca, dentro o fuera de sus horarios de trabajo.

Usted, como yo, lo hemos visto. En mi caso, patrullas de la Policía Municipal Preventiva estacionadas hasta dos horas a las afueras de la casa de algún comandante, una de la Policía Estatal Preventiva que cada día llega a la Guardería Canaco-IMSS de la colonia Zazil-Há, camionetas de la Procuraduría General de Justicia del Estado mudando menaje de casa, con mucha frecuencia automóviles con rótulos de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, otros de la Secretaría de la Contraloría, camionetitas del Ayuntamiento de paseo con alguna chica en domingo, muchas veces cochecitos del DIF rotulados en color rosa, y tantos otros vehículos que, en su momento y atendiendo a esas declaraciones de funcionarios, me tomé libertad de documentar con el ánimo de hacer llegar el reporte correspondiente a la autoridad en la materia.

Tal pérdida de tiempo me hubiera sido ahorrada de conocer con anticipación que en realidad no se aplica sanción alguna, salvo la recomendación de no andarse exhibiendo por las calles o sitios públicos, esto, dicho por algunos personajes interiorizados en el manejo y control de las unidades oficiales.

Que se ha logrado disminuir el consumo de combustible gracias a estrictas medidas de austeridad implementadas por la administración pública… puede ser.

Pero de que los vehículos adquiridos por el gobierno, municipal, estatal o federal son dispuestos a placer por quienes los tienen asignados, es un hecho. Usted mismo, que ahora me dedica el favor de su tiempo en estas líneas, ha sido testigo de ello.

¿Quién corre con los gastos de mantenimiento, refacciones y mano de obra por la reparación, sin contar con el desgaste general  de la unidad y el riesgo de involucrarla en un accidente de tránsito o algún delito? ¿De veras realmente piensan que uno se traga el cuento de que esto corre por cuenta de quien dispone de un vehículo oficial para su uso?

Probablemente este sea un cuento de nunca acabar, como lo son las oficinas de gobierno repletas de personas que no tienen nada qué hacer y que consumen cotidianamente su jornada laboral en las redes sociales, el messenger, You Tube y los juegos de computadora.

Pero qué bien le haría a la sociedad que los funcionarios que hacen tales declaraciones intentaran siquiera cumplir su palabra, que los empleados abusivos, fuera cual fuera su jerarquía, fueran sancionados por desatender instrucciones directas y, mucho mejor, que tales empleados tuvieran un poco de honestidad, si no es que vergüenza, para dejar finalmente su ánimo gandalla a un lado y dejar de servirse de los bienes públicos.

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