26 de Septiembre de 2018

Opinión

Mano firme contra los taxistas

Alteración de tarifas y malos tratos son las dos principales quejas de los playenses contra taxistas...

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Alteración de tarifas y malos tratos son las dos principales quejas de los playenses contra taxistas. No son las únicas. Muchos se desplazan con poca precaución, circulan con velocidad inmoderada, retornan sin dar preferencias, cruzan sin cuidado los pasos peatonales y no respetan los semáforos.

Los turistas, por su lado, lamentan aparentes cobros indebidos por desconocer las tarifas, escondidas por los choferes para la ocasión, con el fin de ganar un extra.
Los conductores acusan, por su parte, el pago de cuotas a grupos delincuenciales en sitios estratégicos de la ciudad y en hoteles, y al propio Sindicato que, en poco tiempo, deberá renovar dirigencia. Sospechan, como es lógico, que esa supuesta cuota se canalizará a una de las campañas.

En resumen, es un caos. Pero hay que frenarlo a como dé lugar.

Además, cuando fue instalada recientemente la Comisión de Transporte y Vialidad del Municipio de Solidaridad, se propuso actuar contra las empresas que no cumplan el reglamento de Tránsito, ya que más del 30 por ciento de las unidades no pasa las pruebas de revisión mecánica, lo cual pone en peligro a los usuarios.

Las principales fallas que presentan son pintura deteriorada, neumáticos desgastados, problemas mecánicos y tapicería manchada. Aun así, la mayoría está en mejores condiciones que las unidades de ciudades vecinas como Cancún, a donde llegan las que en Playa del Carmen no rinden. Es de risa.

El transporte de pasajeros es un servicio público, una necesidad ciudadana, y cuando pagan de más por un traslado incómodo e inseguro, la autoridad tiene la obligación de intervenir para regularlo y remediar lo incorrecto.

En esta maraña de acusaciones y quejas hay al menos dos hechos innegables que explican en parte el problema: el primero, la renovación de la dirigencia taxista, que en poco tiempo estrenará secretario general.

Dos en lucha con sus respectivos grupos, los señalamientos sobran pese a que el acuerdo fue evitar las confrontaciones y buscar la unidad con diálogos, con propuestas válidas. 

El segundo está relacionado con la innegable infiltración de grupos criminales, confirmado con las ejecuciones de choferes semanas atrás, y antes con intentos fallidos de secuestros y homicidios.

Aun cuando las autoridades judiciales han investigado los posibles nexos, y la directiva intenta prescindir de operadores sospechosos, lo cierto es que no ha podido erradicarse lo que es un secreto a voces en el gremio.

El argumento de los líderes es que las investigaciones radican y deben desarrollarse en el ámbito estrictamente judicial y que las facultades limitadas en ese rubro les prohíben intervenir. Falso. En la cúpula conocen movimientos, contactos y presiones contra socios o “martillos”, lo cual les facilita la denuncia ante hechos delictivos. En este sentido, callar con pruebas no es más que un acto de sumisión, si acaso, de complicidad.

A la par de endurecer la selección de personal con pruebas de ingreso más estrictas, deben garantizar el funcionamiento ordenado de los que operan creando más campañas o estableciendo servicios seguros como lo hacen en otros municipios. De paso, disminuirían las quejas por tratos déspotas y vehículos en mal estado.

Regidores, autoridades municipales del gabinete, dirigentes taxistas y sociedad deben trabajar en conjunto para combatir un mal que puede empeorar en las próximas semanas en el marco de las elecciones internas.

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