24 de Septiembre de 2018

Opinión

Mano firme en la Procuraduría Ambiental

Se ha convertido en un órgano de inspección confiable. Desde el 22 de marzo de 2011, cuando fue creada por decreto...

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Se ha convertido en un órgano de inspección confiable. Desde el 22 de marzo de 2011, cuando fue creada por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, la Procuraduría de Protección al Ambiente vigila con celo las obligaciones de particulares y otras entidades de gobierno en lo que a materia ambiental incumbe. 

Se trata de cumplir la ley y sus innumerables reglamentos bajo un esquema tan amplio que le otorga facultades para realizar visitas de inspección y sancionar proyectos, obras o actividades en construcción o que estén operando, como hoteles, restaurantes, condominios o fraccionamientos, centros o plazas comerciales, centrales de transporte, procesadoras de alimentos, bancos de material, hospitales, gasolineras, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

El caso más reciente y significativo en Chetumal en el que tuvo injerencia fue el derrame de aguas residuales en la terminal de autobuses. Otro que captó su atención fue el derrame de aguas negras cometido por la empresa ICA, S.A. de C.V., con motivo de la construcción de una carretera en Playa del Carmen. Ambos se encuentran en la integración de los procedimientos administrativos y están próximos a resolverse. “Existe la posibilidad de la imposición de multas, aunque se definirá en los próximos días, para emitir la resolución correspondiente”, sentenció hace días Javier Cárdenas Rivero, el procurador ambiental.

En una acción que obliga a ejecutar acciones sustentables, la Procuraduría Ambiental anunció que realizará operativos en todos los municipios para verificar que las plazas comerciales cuenten con planes de manejo de residuos sólidos urbanos, de lo contrario impondrá multas millonarias.

Esto activa la alerta en los municipios del norte, como en Solidaridad, donde se construyen plazas y hoteles a destajo debido al buen ritmo de crecimiento económico y poblacional. Los inversionistas deben tomarlo en serio, ya que en años anteriores, tras inspeccionar gasolineras, bancos de material y desarrollos inmobiliarios, las sanciones se han aplicado en algunos por no contar siquiera con autorización en materia de impacto o licencia de funcionamiento ambiental.

Quizá la limitante ha sido la jurisdicción. La tarea de verificar se cumpla la normatividad en impacto, contaminación del aire, suelo, subsuelo o agua, por fuentes fijas o móviles, actividades riesgosas, manejo de residuos sólidos urbanos o de manejo especial, es compleja en Quintana Roo, ya que la mayoría de los proyectos se encuentren en áreas de jurisdicción federal y reguladas por otras leyes, como la zona federal marítimo terrestre o los ecosistemas costeros.

Ya que la actividad primordial en la entidad es la turística de playa, el escrutinio se focaliza en zonas donde la Federación ejerce jurisdicción; sin embargo, resulta importante la función de esta Procuraduría porque urgía un ente que vigilara el cumplimiento de las disposiciones estatales y donde el Gobierno Federal no podría ejercitar acciones. 

De no haber sido así, proyectos como los mencionados no hubiesen tenido un órgano de gobierno capaz de sancionarlos.
Ahí radica el éxito: se ha puesto orden al otrora caos. 

Aun cuando es clara la división de competencias con la Federación, la Procuraduría trabaja con autoridades federales para asumir facultades de inspección y vigilancia en materia de competencia, como la relacionada con residuos peligrosos y así poder ayudarles en el control.

Hay generadores de residuos peligrosos como talleres mecánicos que manejan pequeños volúmenes de aceites quemados, grasas o solventes, que muchas veces no son supervisados ya que la carga de trabajo de la Federación es abultada y sólo se concentra en proyectos de gran envergadura.

Aun así la Procuraduría no debe ser vista como “Policía Ambiental”, ya que incluye acciones en pro de la cultura de la autorregulación y la implementación de los distintivos ambientales estatales. 

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