15 de Octubre de 2018

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A partir del abril se liberará la importación de gasolina; sin embargo, los precios máximos y mínimos de venta del combustible seguirán controlados.

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A partir del mes de abril se liberará la importación de gasolina. Sin embargo, los precios máximos y mínimos de venta del combustible seguirán controlados. Eso significa varias cosas. 

La más evidente es que, pese a los bajos precios internacionales de los hidrocarburos, el consumidor mexicano seguirá obligado a pagar el combustible a precios superiores a los del mercado mundial. Pero lo más grave no resulta tan obvio.

Mientras la importación y distribución de gasolina era monopolio público, los precios controlados garantizaban al comprador que no habría cambios bruscos en ellos. Así, en época de precios altos, el gobierno subsidiaba a los consumidores, en tanto, en época de precios bajos, el erario se compensaba con ganancias extraordinarias. La decisión de abrir la importación sin liberar el precio significa hoy que un puñado de empresarios comprarán afuera gasolina muy barata, para vender cara en México, donde el gobierno obligará a los consumidores a pagarla a precios muy por encima de los de mercado. Es decir, si antes la política de precios controlados generaba beneficios públicos, bajando los precios o incrementando los ingresos gubernamentales, hoy esas ganancias extraordinarias pasarán no ya al erario, sino a la bolsa de un reducidísimo grupo de importadores. Se trata de una transferencia directa de ingresos hasta hoy gubernamentales a un puñado de privilegiados. Será, auténticamente, el pago de un tributo de los consumidores, obligados a ello por el Estado, a un muy pequeño grupo de empresarios. El tributo sumará cientos, si no miles, de millones de dólares.

Tengo la impresión de que este no es un efecto imprevisto por los muchachos importados de Harvard que rigen las políticas económicas de nuestro país, sino que se trata, una vez más, de la rutina funcional del neoliberalismo realmente existente: el objetivo es privatizar tantas ganancias públicas como sea posible, drenando de paso el dinero de la población en favor de unas cuantas pero gigantescas fortunas privadas. Nada que ver con la doxa del neoliberalismo utópico, de acuerdo con la cual el precio bajaría en el libre mercado, en beneficio del consumidor.

Una vez más, el Estado pone a 120 millones de siervos a trabajar en beneficio de menos del uno al millar de los mexicanos.

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