La perfectibilidad de las leyes nos proporciona la posibilidad de enmendar errores, cuando tal o cual situación ha podido escapar a la visión del legislador, y al mismo tiempo nos hace evolucionar rumbo a la adecuación de nuestra legislación, acorde con los avances de los tiempos y la cambiante situación legal que nos dan el progreso y la evolución de nuestra sociedad que ha de modificar los parámetros con los que se contempla la convivencia social.

La ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha pasado por tres fases: aprobada por vez primera en 1993. En el 2002 surgió nueva ley estatal que dio plena autonomía al organismo. El 28 de febrero pasado, entró en vigor nueva ley estatal de Derechos Humanos en Yucatán, que incorpora postulados que se originan en tratados internacionales en la materia, que nuestro país ha ratificado.

Casi inmediatamente, el 3 de marzo, en el recinto del Colegio de Abogados de Yucatán -agradezco el apoyo para contar con las instalaciones de ese organismo- todo el personal de la Codhey participó en una jornada de análisis de esa ley, para iniciar el conocimiento de los cambios y adecuaciones que fueron considerados por el Congreso del Estado.

Se puso en marcha la elaboración del Reglamento que normará la correcta aplicación de esa ley, para adoptar nuevas estrategias en la protección y defensa de las prerrogativas de nuestra sociedad. Disponemos de 6 meses para concluirlo. Lo lograremos -tengo confianza en eso- sin detener los trabajos cotidianos para atender a las y los ciudadanos que puedan sentir que son vulnerados sus Derechos Humanos.

En esa reunión señalé que en las manos de los trabajadores y trabajadoras de la Codhey está todo un engranaje para servir a la ciudadanía, con rectitud, probidad y con pleno apego a lo que señala la nueva ley. De no hacerlo, incluso por omisión podríamos ser sujetos de responsabilidad. Que el nuevo texto legal de defensa de nuestras libertades sea para bien de todas y de todos en Yucatán.