En el ámbito legal, los litigios pueden volverse sumamente complejos, no sólo por factores atribuibles a las autoridades o por cuestiones como el aumento de la demanda de los servicios de justicia, sino también, en buena medida, por el ánimo y la voluntad de las partes. 

Igualmente, la solución depende en gran medida de la voluntad de quienes están en conflicto para arribar a un acuerdo.

Esta situación es muy visible en los casos familiares que llegan a los juzgados del Poder Judicial del Estado, la mayoría divorcios y temas relacionados con la guarda y custodia y el pago de alimentos.  

De hecho, si pensamos que un tema familiar ha tenido que pasar del contexto privado a los tribunales, ya de entrada se puede entender la complejidad de la posición que las partes han tomado en el conflicto y la poca disposición que se muestra en el transcurso de un caso para su resolución. 

Si bien la mediación surge desde épocas remotas, actualmente se ha puesto de relevancia su uso en el marco de la llamada Justicia Alternativa, donde se plantea como un método que permite a las partes en conflicto analizar el mismo y buscar soluciones para superarlo. 

Los especialistas echan mano de métodos especializados para lograr que las partes lleguen a un acuerdo que tendrá la misma validez que una sentencia, lo que evita que vayan a tribunales, evitando así los costos económicos y el desgaste emocional que afecta a todos los miembros de la familia. 

Incluso aun cuando un caso ya se encuentra en proceso ante tribunales, es viable que se pase a la vía de la mediación y la conciliación.

En la conciliación, a diferencia de la mediación, la comunicación es dirigida mediante recomendaciones o sugerencias (no obligatorias) de solución facilitadas por el profesional conciliador, que interviene para tal efecto. 
El Poder Judicial del Estado cuenta desde 2010 con un Centro Estatal de Solución de Controversias (CESC), que se creó al amparo de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Yucatán que entró en vigor el 1 de enero de 2010.

Este Centro cuenta con 21 facilitadores profesionales y certificados, distribuidos en 10 oficinas en siete ciudades del Estado. Tan sólo en 2015, en el Centro, se iniciaron 2,853 asuntos, la mayoría (68.14%) correspondió a la materia familiar, 16.65% a procesos civiles, 6.94% a mercantiles y 6.13% a causas penales, entre otras.
Más información en www.poderjudicialyucatan.gob.mx.