En 1917 no existían televisión, teléfono, menos internet. De esa época es nuestra Constitución, misma que, aunque ha sufrido reformas importantes, con el tiempo tendrá que sacudirse totalmente lo viejo para dar paso a lo nuevo.

En materia de justicia penal en Yucatán, el próximo 6 de septiembre de 2013 entrará por completo el nuevo sistema. Tiene cosas agradables, como buscar que la mayoría de los casos se resuelvan a través de la justicia alternativa; es decir, sin llegar a juicios.

La justicia llega a ser una pesadilla para quienes han sido víctimas de un delito; por ejemplo, en un choque de autos se involucran policías, peritos, agentes del Ministerio Público, auxiliares, secretarios, jueces, magistrados, y más. En estas ocasiones lo que menos se quiere es perder el tiempo en medio de procesos largos “para que se haga justicia”. Lo que se quiere es que el daño sea reparado de inmediato.

La justicia alternativa es una manera de desahogar el conflicto mediante el diálogo y la conciliación entre las partes, antes de llegar a juicio. Permite la reparación del daño o la indemnización a las víctimas. Con esto se estará evitando que un buen número de asuntos se prolongue indefinidamente en el Ministerio Público.

El nuevo sistema también considera que un inculpado es inocente hasta que se demuestre lo contrario y será tratado como tal; además ya no se abusará de la prisión preventiva: recluir a una persona a la que aún no se le ha dictado sentencia. Ahora sólo se podrá privar de la libertad a quienes estén implicados en delitos graves.

Estos son tan sólo algunos de los muchos aspectos que contempla el nuevo sistema, del que creo deberíamos conocer bien. Es correcto que es responsabilidad de las autoridades generar programas que permitan la disminución de delitos, pero como sociedad nos corresponde participar en la denuncia, en la implementación de estrategias comunitarias de prevención, y en observar el trabajo de las autoridades.

Para ellos este es un reto que exige el desarrollo de nuevas destrezas, mayor honestidad de los jueces, preparación y profesionalización de los fiscales y defensores, así como la capacidad técnica de policías y peritos. Siempre será mejor prevenir que castigar. Creo que esa debe ser la nueva visión para políticas públicas.