No es una buena noticia: la prevención del delito, pretendida como línea distintiva del gobierno federal en materia de seguridad pública, está desaparecida del presupuesto 2017. El diario Reforma reveló hace días los detalles de lo que aspiró ser una auténtica política de Estado. Pero no quisieron.

En diciembre de 2012 el presidente Enrique Peña Nieto anunció que la prevención, la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos serían los brazos principales de una estrategia que antes (durante Fox y Calderón) se caracterizó por atender las consecuencias. Peña prometió enfocar los esfuerzos en las causas del fenómeno.

En efecto, durante cuatro años (2013-2016) la Federación erogó 9 mil 7 millones 541 mil 756 pesos: el primer año, 2 mil 500; el segundo, 2 mil 595; el tercero, 2 mil 683, y este año, 2 mil 15 millones de pesos. Para 2017, cabe insistir, ni un peso.

Ese monto, repartido mediante el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia (Pronapred), benefició a 89 demarcaciones: 74 municipios, ocho zonas metropolitanas, dos zonas conurbadas y cinco delegaciones de la Ciudad de México. De Quintana Roo, Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad fueron incluidos.

Al revisar los objetivos es evidente que fueron cumplidos sólo parcialmente; porque en no todos los municipios de nuestro estado se mejoró el entorno urbano, tampoco se promovieron empresas sociales ni construyó una ciudadanía responsable y solidaria, que fueron tres ejes de los cuales se desprendieron, supuestamente, otras acciones.

Ante ello, ¿cómo trabajar y qué hacer? Consultada al respecto, Bibian Castillo Dzul, subsecretaria de Vinculación con instancias y prevención del delito, enfatiza que la coordinación con los municipios será clave. “Estamos trabajando en conjugar todos los elementos para sacar el mejor provecho: capacitaciones, protocolos, análisis, operativos, fomentar cultura cívica y concientizar a la población”, destaca.

La estrategia de prevención, explica la preventóloga, va de la mano con la de seguridad; es decir, la aplicaremos según los índices delictivos y otros datos duros obtenidos cada semana tras las faenas operativas, de monitoreo y de análisis. En tal sentido, “la proximidad social y el trabajo con las instituciones nos permite desarrollar una respuesta integral”.

Y pone ejemplos: “Por instrucciones del gobernador Carlos Joaquín hemos tenido actividades con estudiantes, profesores y personal de escuelas, con los comerciantes y sus empleados, así como con líderes sindicales, vecinos organizados y responsables de diversos sectores. En esto el trabajo en equipo será fundamental”, considera quien antes se desempeñó en la Policía de Cancún, la Procuraduría de Justicia (hoy Fiscalía) y la PGR. 

Visto en perspectiva, y considerando tanto lo del Pronapred, así como la deuda y el plan de austeridad locales, la inclusión de todos los actores será determinante para reducir la incidencia. 

Por ahora, en Seguridad Pública están garantizando tres aspectos básicos antes no exhibidos: más apertura, mayor transparencia y un plan metodológico diseñado por gente que sabe. Algo similar ocurre en Benito Juárez (uno de los municipios que antaño recibió del Pronapred), donde han implementado mayor patrullaje, brigadas sociales, actividades deportivas en colonias y otras labores que buscan fortalecer un ámbito prioritario para la administración 2016-2018.

De hecho, ayer hubo otra reunión interinstitucional en el C2 para avanzar en un plan donde participan la Policía Municipal, la Federal, el Cisen, la PGR y la Fiscalía, pero también estudiantes, académicos y habitantes a través de foros y consultas recientes.

¿Podrán mejorar la percepción, pero, sobre todo, reducir la violencia? Está por verse.

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