La confrontación entre el crimen organizado y los grupos de autodefensa llevó durante la semana a que el gobierno federal interviniera directamente en Michoacán, recuperando con el ejército importantes poblaciones tomadas por aquéllos y designando a un comisionado con amplios poderes para restablecer la seguridad en el estado.

La medida por sí misma ha tenido resultados positivos en lo inmediato, sin embargo, es dudoso que pueda ser el principio de una solución estable al problema de la delincuencia y la violencia en la entidad, pues en poco afecta las causas que nutren el conflicto.

La operación de bandas delictivas en Michoacán es de larga data y, si bien se han nutrido por décadas de los grandes recursos económicos obtenidos del tráfico de drogas, su génesis y permanencia no pueden ser atribuidas a este factor, sino que se encuentran en la miseria de la gente y en la incapacidad del Estado mexicano de garantizar la vigencia de la ley en sus territorios. 

Estos grupos, destacadamente la Familia Michoacana, han cumplido desde hace décadas las funciones propias del gobierno en cosas que van desde las de la seguridad pública hasta la regulación económica. En consecuencia, han generado una verdadera raigambre popular, de forma tal que en importantes regiones es muy difícil distinguir en dónde terminan estas organizaciones y dónde empieza la población.

La respuesta de los distintos gobiernos ha incluido desde hacerse de la vista gorda hasta distintas complicidades. Su meta en los últimos sexenios pareciera ser más administrar el conflicto hasta el final del mandato que solucionarlo. La nueva intervención federal no es distinta. Con una irrupción intempestiva se controlan los enfrentamientos mal y provisionalmente, dejando sus causas intactas.

Michoacán está fuera del control real del gobierno estatal. Sólo del reconocimiento de este hecho puede partir una solución de fondo que hoy, más allá de la simulación, impone que el Estado mexicano reconozca que ha habido una desaparición de los poderes locales y los asuma formalmente, en vez de nombrar un comisionado que desplace por los hechos a las autoridades estatales.

Hace muchos años que algo así no ocurre, pero las actuales circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias.