El nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán es una señal inequívoca de que el gobierno de Enrique Peña no quiere fallar donde fracasó el de Felipe Calderón y el PAN.

El único precedente de un nombramiento de tal envergadura para enfrentar la problemática de un estado data de hace 20 años, cuando en 1994 Carlos Salinas de Gortari nombró al hoy pejista-perredista Manuel Camacho Solís comisionado para la Paz en Chiapas frente al alzamiento zapatista encabezado por el subcomandante Marcos.

Pero si bien se trata de un conflicto que involucra a grupos armados, el de la Tierra Caliente michoacana es de una naturaleza muy distinta, pues a los zapatistas de Chiapas no se les puede escatimar el espíritu de reivindicación social que animó su levantamiento en armas y que su rebelión puso en la agenda el tema indígena y el abandono en que las etnias mexicanas habían sido dejadas por los gobiernos del PRI.

La cosa es muy distinta en Michoacán hoy. Los grupos en pugna que tienen incendiada esa región del país son, por un lado, narcotraficantes y extorsionadores y, por el otro, las llamadas autodefensas, sobre las cuales pesa la sombra de la duda en cuanto a sus fuentes de financiamiento y su presunto interés por favorecer al cártel Jalisco Nueva Generación frente al de Los Caballeros Templarios bajo el disfraz de grupos ciudadanos.

La tarea que le pusieron enfrente a Castillo es monumental, pues tiene que resolver la descomposición producto de tres sexenios de abandono que llevaron la Tierra Caliente de Michoacán al colapso.

Pero por lo que se ve, Castillo llega a Michoacán con todo el apoyo del presidente Peña y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, además de la anuencia del gobernador Fausto Vallejo, lo que le permitirá al ex procurador del Estado de México y ex titular de la Profeco tener el manejo operativo para poner en marcha su actuar asistemático y el despliegue mediático que lo caracterizan.

Habrá que esperar los resultados en lo que tiene que ser una muestra clara de la fuerza del Estado frente a los grupos criminales.