Extranjeros residentes en Quintana Roo han denunciado diversos perjuicios de la autoridad migratoria ante sus representaciones diplomáticas. Las quejas han sido expuestas en medios de comunicación, reuniones consulares, informes oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) y asociaciones civiles. Pese a ser un tema polémico constante, no ha sido posible corregir esos perjuicios ni mucho menos reparar el daño.

No se trata solamente de trámites corruptos en las Delegaciones o de la internación ilegal en el aeropuerto de Cancún, sino que la descomposición parece ya irrevertible en el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Recientemente el Instituto de Seguridad y la Democracia (Insyde) elaboró el “Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración. Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes en México”, en el cual se publican múltiples anomalías; entre ellas, que los programas del INM están más orientados a las estadísticas que al apoyo real en beneficio de connacionales, además de la ausencia de una política eficaz de repatriación para quienes son expulsados de Estados Unidos. Ambos tópicos, referentes al Programa Paisano, un instrumento del Gobierno federal que en teoría busca garantizar el ingreso, el tránsito y la salida respetuosa de compatriotas y sus bienes, pero que en la práctica no funciona por burocracia, falta de presupuesto o acciones ilícitas.

Pero el tema “caliente” es la corrupción en estructuras –oficiales y no– establecidas para la protección de indocumentados, un asunto ligado incluso a mafias.

En Quintana Roo –específicamente en Othón P. Blanco y Benito Juárez– operan bandas dedicadas al ingreso ilegal de extranjeros, ocultados en casas acondicionadas para tal efecto, convirtiéndolos en presas fáciles para grupos dedicados a la extorsión, la prostitución, el narcotráfico y hasta el tráfico de órganos. 

Todo ello ha sido publicado e incluso han desbaratado las redes criminales; es más, la PGR ha arraigado a personal del INM adscrito al aeropuerto de Cancún y en Subteniente López en repetidas ocasiones, así es que las pruebas están a la vista.

El estudio del Insyde incluye 99 recomendaciones para diversas instituciones públicas que intervienen en la política migratoria, aunque 59 para el INM a nivel nacional, lo cual refleja el estado caótico.

Al respecto, dos boleros guatemaltecos que trabajan en el centro de Cancún acusan a agentes de Migración y de la Policía Municipal. Los primeros, de Chetumal, quienes los habrían extorsionado para entrar a territorio nacional vía Belice. Los segundos, de Cancún, quienes los hostigan y “explotan” laboralmente pues aseguran darles dinero para vivir en cierta paz. 

El informe critica la operación de los Grupos Beta, el llamado “brazo humanitario” del INM, creados en 1990 para dar atención humanitaria a quienes pretendían cruzar la frontera con Estados Unidos; realizar labores de búsqueda y rescate, e impedir atracos a mexicanos indocumentados. Los Grupos Beta, compuestos por personal de los tres órdenes de gobierno, no están exentos de irregularidades o de colusión con delincuentes en las fronteras sur y norte y en la costa del Golfo.

La mayoría de estas prácticas es confirmada por el Órgano Interno de Control del INM en sus constantes auditorías, y ha sido constatada por las Comisiones de Derechos Humanos y las corporaciones policiales, aunque poco o nada han hecho. Es una vergüenza.

Desorbitado…

A finales del 2013, elementos de las corporaciones preventivas de Quintana Roo fueron capacitados en materia de Política Migratoria por parte del INM en la Academia Estatal de Seguridad Pública, en Chetumal.