Hace unos meses publiqué en este mismo espacio que cientos de centroamericanos están llegando a Quintana Roo en busca de oportunidades. La mayoría cruzó sin papeles por las fronteras con Guatemala y Belice, y en vez de continuar hacia el norte, modificaron la ruta para establecerse en México. 

Siguen arribando a estas tierras porque el paso en otras regiones se recrudeció, por lo que la zona norte de nuestro estado, además de cercana a sus países y más segura, es también “polo de progreso”. En quedarse, también influyeron el discurso agresivo de Donald Trump en Estados Unidos, así como las buenas expectativas por el Plan Frontera Sur.

Pero esta última ha decepcionado: una de las estrategias más prometedoras en favor de los migrantes, en 2015 destinó el 95.73% de sus recursos a pagos administrativos y una ínfima parte a labores en campo. Esto, según Transparencia con datos de Gobernación.

Sólo para recordarlo, el Plan contempla tres ejes básicos: evitar que los ilegales continúen por senderos inseguros; desarrollar políticas puntuales que garanticen su protección en refugios, y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos. Las otras acciones son complemento ideal.

Será muy difícil atenderles con una política pública tan equivocada. Y no solamente por el gasto desproporcionado en asuntos administrativos, sino porque otras cifras revelan lo que no se pretendía: el año pasado fueron deportados 203 mil extranjeros, la mayoría, centroamericanos. Este año el número sería similar. 

Para ponerlo en contexto, cabe destacar que en Estados Unidos fueron deportadas 206 mil personas el año pasado. Es grave compararse con un país de expulsiones frecuentes, xenofobia y masacres por motivos de raza o religión. 

¿Qué pasa con quienes logran llegar y quedarse aquí? También se les atiende de manera deficiente. De entrada, saben que si bien éste no es un país con los sueldos de la Unión Americana, en Quintana Roo sí hay oportunidades. Por lo tanto, si no es un proyecto inmediato de mejoramiento económico, debería serlo en el ámbito de la protección.

No obstante, tampoco hay avances en dicha vertiente. Aquí no hay casas de ayuda, son inexistentes lo planes de aporte económico, la política migratoria es cada vez más rígida, viven hacinados generalmente en la periferia y la inserción social se pospone indefinidamente. Del ingreso al mundo laboral en condiciones óptimas, ni se diga. La nacionalidad es una opción, no parte de un programa. 

México debe sentirse orgulloso de la experiencia histórica en temas de reasentamiento y asilo. Pero hoy la burocracia está fallando, las políticas más sencillas se tornan complejas, se percibe menos tolerancia contra grupos minoritarios y las chances no sobran como antes. El escenario es complicado incluso para los nacionales.

Lo cierto es que miles están aquí y otros tantos en camino. Urge revisar la ley, rediseñar los programas, cambiar el discurso de pura ilusión y cobijar a esas familias que huyen del terror.

Desorbitado

El miércoles pasado opiné en torno a la burocracia estatal y municipal en tiempos de transición (eternizada en tres meses). Hay nerviosismo y dudas por lo que pudiera ocurrir a partir de septiembre con las nuevas autoridades, sobre todo, por las cuentas y los amarres legales a recibir.

En Cancún, por ejemplo, se ha visto a ex servidores públicos –y en funciones aún– de Othón P. Blanco, Cozumel y Solidaridad, tres municipios otrora del PRI. ¿Encontrarán cobijo en el Benito Juárez del Verde, aliado del tricolor? Seguramente, habrá compromisos por cumplir entre partidos y ex candidatos. 

Lo previsto, es que “pelearán el hueso” con todo. Esto explicaría en parte esa tensión prevaleciente en cientos de trabajadores.