El Congreso de Quintana aprobó la Ley de Ordenamiento Social presentada por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, con la que se garantiza la libre manifestación de las ideas y la libertad de expresión y asociación, con total respeto a los derechos de terceras personas.

Se trata ante todo de un instrumento jurídico que busca que las manifestaciones y marchas se realicen de manera ordenada, sin perjudicar el acceso al trabajo y libre tránsito a las actividades que realicen los ciudadanos quintanarroenses y los que estén de paso o visita en el Estado.

En el Pleno Legislativo a favor de la nueva Ley de Ordenamiento Social –aprobada este lunes al mediodía en candente sesión– votaron todos los diputados del PRI, PVEM y Panal (mayoría), mientras que en contra votaron los diputados del PAN, PRD y PT (minoría).

Se pudo advertir la existencia de una escuálida oposición en la XIV Legislatura con diputados radicales, opositores que dificultan una estrategia uniforme en la difícil coyuntura histórica que se ha vivido en la entidad habiendo transcurrido más de tres meses en unas condiciones de vida alteradas con marchas en las calles, plantones en las plazas y edificios públicos, además de bloqueos carreteros con retenes de taxistas y maestros, con sus respectivos daños a terceros. Lo que han arrojado incuantificables pérdidas económicas y de proyección de imagen del Estado al exterior.

Los moderados son partidarios de una estrategia más elaborada, con fuerte tinte social que incorpora al pueblo, a las grandes mayorías atrapadas por el mito de la figura de la libre manifestación, para constituir laboriosamente una ley para que algún movimiento social, en proyección o en ciernes, sea de naturaleza ordenada y pacífica.

Los radicales que votaron en contra asumen como una necesidad inminente, inmediata e impostergable, el mandato de la constitución sobre la libertad de expresión, de tránsito y la libre manifestación. Se enquistan en su postura antagónica y no vislumbran las necesidades del cambio.

Los diputados radicales golpean sin éxito, a la hora de su expresión en el proscenio legislativo, al coraje que azota con las manifestaciones a la mayoría de los ciudadanos, desde las golpeadas clases bajas y medias, por la sempiterna inclinación al extremismo de bloquear las calles, plazas, edificios y carreteras, que se alientan fácilmente con el maniqueísmo de tener legítimo derecho.

Reclaman por un futuro mejor en oportunidades para decidir libremente su propio destino, despojándose de las garras del autoritarismo. Los radicales adolecen, sin embargo, de una fuerte inclinación al antagonismo, pues no entienden por ver lo pasado en el pasado que, con la nueva Ley de Ordenamiento Social, se acerca mejor a la objetividad de la compleja realidad que en la entidad circunda.

La palabra diálogo ha desaparecido de su vocabulario político, convertida en sinónimo de claudicación ante el enemigo, que ha dejado de ser, si alguna vez lo fue, un digno adversario, y  en segundo lugar,  han sido incapaces de elaborar una estrategia convincente para la figurada transición democrática.

Apostaron en su momento por la figura radical que si bien aparentemente no la han abandonado, ha perdido la fuerza orientadora que merece el cargo como representante del pueblo. Caen fácilmente en la espontaneidad de la suerte de arte de magia política que, -según ellos- conduciría al pueblo hacia la libertad.

Lo que en primera instancia reviste visos de orden y seguridad, de lo que se expresaba en profundidad con una sensación de inquietud, incertidumbre y confusión. El nuevo ordenamiento de ley es para que la ciudadanía se tranquilice y asegure que todo va a estar bien, con la certeza en la necesidad de sentirse libres para realizar sus actividades.