Hay quienes se apresuran, cuando apenas se cumplen 18 meses del gobierno de Peña Nieto, a declarar el rotundo fracaso de la política económica del Gobierno Federal y no pocos le exigen rectificar o cambiar de rumbo, sin considerar las variables a que está sujeto nuestro desarrollo económico.

Unos, quienes jamás se manifestarán satisfechos cualquiera que fueran los resultados, lo hacen por motivaciones político electorales; otros, acostumbrados a recibir un trato preferencial, lo hacen en defensa de determinados intereses. Lo malo es que exhiben pobreza o, de plano, incongruencia argumentativa.  

Todos tenemos razón cuando decimos, por ejemplo, que para nuestro desarrollo económico es preciso que se aumente la inversión para la creación de empleos en la economía formal y que se estimule el crecimiento de nuestro mercado interno. Sin embargo, los desacuerdos comienzan cuando tratamos de definir de quién es la responsabilidad de hacerlo.

Así, no faltan los que, dejando de considerar las condiciones actuales de la economía mundial, exigen mayor crecimiento del que hubo en tiempos de Fox, donde el auge petrolero se desperdició con el pago de elevados sueldos a la alta burocracia, o de Calderón, en que la corrupción encareció las obras de infraestructura y dio al traste con la seguridad.

No obstante, son precisamente los “institutos de estudios” ligados a la cúpula empresarial quienes, a pesar de sostener que son los “emprendedores” de la iniciativa privada el motor de la economía, insisten en cargarle al gobierno toda la responsabilidad en la creación de empleos, para exigirle modificaciones en la política hacendaria en busca de la restitución de sus privilegios.     

Y aunque hay que reconocer el impacto negativo de la reforma fiscal, en los primeros meses del año, por su efecto en el poder adquisitivo de los consumidores, no hay que olvidar que fue el agotamiento del  sistema fiscal, durante tanto tiempo vigente, que promovía la elusión y evasión fiscal de los empresarios, lo que dio lugar a tales modificaciones.     

Sin embargo, el efecto que hubiera desatado el impuesto del IVA para los alimentos y medicinas, como proponían, hubiera sido, en comparación, devastador. Insistir en ello, como lo hacen ahora las cúpulas empresariales, a cambio de rescatar sus privilegios fiscales, no los llevará a ningún lado.

Ha sido precisamente la ausencia histórica de un empresariado mexicano audaz y emprendedor, con conciencia social para distribuir sus beneficios con la sociedad, lo que en el pasado exigió la participación del Estado como principal agente económico.

El México abierto de hoy exige mucho más que empresarios que, siempre a la zaga del avance tecnológico, pongan todas sus esperanzas en  hacer negocios a partir de su complicidad con el gobierno.