Desde ahora, los presidentes municipales que desvíen recursos federales, serán responsables legalmente por ello; pues por increíble que parezca, hasta antes de esta semana no había norma federal alguna que los sancionara. Aunque la medida es afortunada, salva sin embargo a siete ex munícipes de Quintana Roo, cuya comprobada responsabilidad en el turbio manejo del dinero público federal permanecerá impune.

 

Este miércoles 18 de junio, entró en vigor la modificación al artículo 108 constitucional que convierte a los integrantes de los ayuntamientos en sujetos de responsabilidad legal por manejo o aplicación indebida de presupuestos federales, una medida que aunque ha pasado hasta ahora desapercibida, generará profundos impactos en la dinámica municipal de las entidades federativas.

 

El señalado artículo, modificado por el Senado de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación, contempla desde ahora que los presidentes municipales, regidores y síndicos quedarán sujetos a dos regímenes de responsabilidad: el federal y también el previsto en las constituciones de los estados, medida importante, si consideramos que en la coyuntura actual, siete ex presidentes municipales de Quintana Roo están a punto de ser sancionados por diversas irregularidades administrativas, pero que sin embargo no les será aplicable la medida recién emitida –suertudos- pero sí a sus sucesores.

 

En A Tiro de Piedra del 5 de junio destacábamos la necesidad de profesionalizar la labor municipal y lo poco que se ha hecho para ello; a pesar de irregularidades que se han cometido en el ámbito de diversos ayuntamientos pero se han convertido en escándalos nacionales por los actores involucrados; como el caso de los “moches” en el Estado de Guanajuato; aquel en el que diputados federales cobraban a los municipios por “gestionarles” recursos a nivel federal.

 

Para clarificar, aunque el Congreso local otorgó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) dos meses para informar sobre las sanciones administrativas o penales que aplicará a los siete ex presidentes municipales de Quintana Roo por los millonarios desvíos cometidos en 2012, las sanciones no contemplarán las irregularidades cometidas con recursos federales; de ahí la suprema importancia de lo aprobado por el Senado.

 

Y es que, aunque el nivel municipal de gobierno es el más cercano a la ciudadanía, sigue sin embargo siendo el que menos importancia otorga a la preparación de sus funcionarios, si no baste mencionar la revelación hecha la semana anterior por la presidenta de la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm), Bárbara Botello, quien dijo que a nivel nacional 480 –de 2401- presidentes municipales no saben leer ni escribir; es decir el veinte por ciento.

 

El caso de Quintana Roo es más grave, pues dos de sus presidentes municipales tienen instrucción técnica y uno de ellos apenas terminó la instrucción básica; es decir tres de diez, lo que da una tasa del 30 por ciento.

 

La norma entrada en vigor no distingue, evidentemente, si las irregularidades se cometen por incapacidad o por alevosa actitud, pero en todo caso deberá brindar a las mismas autoridades mayores mecanismos de control y ejecución del gasto. Aunque en el caso de Quintana Roo siete “pillos” estén a punto de “brincar la tablita”, en lo que se refiere a mala utilización de recursos federales.

 

Así, mientras esos siete ex munícipes de Quintana Roo y todos los del país acusados de las mismas irregularidades administrativas, tendrán un relativo respiro –en tanto les llega la guadaña estatal- las autoridades en funciones deberán rectificar el gasto realizado, y no estaría mal ir a la escuela, porque no habrá ahora resquicio legal que les salve, en caso de que se descubran algunas de sus “linduras”, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.