Cancún exhibe amplias brechas sociales y es colocado con frecuencia entre los primeros con mayor incidencia de violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres. La violencia tiene consecuencias irreparables, como el suicidio.
 
Hasta el pasado fin de semana ya se contabilizaban 45 suicidios en Cancún. Esto refleja que en promedio son seis al mes, y pese a que las víctimas pertenecieron a grupos etarios distintos, de diferentes niveles socioeconómicos y con motivaciones diversas, tienen un denominador común: padecieron violencia. Este fenómeno se ubica como la cuarta causa de muerte en el Estado, después de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Ese casi medio centenar de historias -para la mayoría olvidadas- arrastran un pasado de agresiones físicas, psicológicas, emocionales o económicas. Un dato: desde 2011 Quintana Roo lidera el número de denuncias por violación en el país. Al menos 4 de cada 10 mujeres declaran haber sufrido algún tipo de violencia en el hogar.

Quintana Roo ostentaría también la mayor tasa de suicidios que, junto con la estadística de violencia, configuran un panorama desalentador. Aun con esos indicadores, en el Estado no hay un centro especializado en salud mental.

Todas esas historias afectan profunda e irremediablemente a la familia y al entorno social, que no sólo deben sensibilizar, sino también motivar la actuación integral de las autoridades y los organismos independientes, para combatir los agentes generadores de violencia en todas sus formas. Porque al menos en los casos de violencia intrafamiliar y violaciones, fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado estiman que la “lista negra” oculta un alto porcentaje que no denuncia. En este sentido, existen señales de impunidad o deficiencias en los procesos.

Se estima que por cada hombre que se suicida hay 10 mujeres que lo han intentado sin éxito, al recurrir a métodos poco eficaces.

Entonces, más que prevenir el suicidio o los hechos ilícitos, o enfocar los esfuerzos y resultados en atender con medidas coercitivas delitos de alto impacto, el tema parece tener que centrarse en “producir no violencia”, como ha propuesto el Observatorio de Violencia Social y Género con sede en la Universidad del Caribe de esta ciudad.

Por ahora, lo ideal es permanecer alerta a los síntomas. Algo en que debe insistirse es que hablar acerca del suicidio no incrementa la probabilidad de que ocurra; de hecho, los estudios de especialistas sugieren lo contrario.

Quien desee suicidarse le notificará su deseo a alguien. Cualquier información sospechosa debe tomarse con seriedad y mantener a esa persona segura. Las instancias de seguridad proporcionan números de emergencia a los que pueden contactar en su caso.

Los estudios en los últimos 20 años indican que la ansiedad insoportable es el mayor riesgo a corto plazo para que las personas deprimidas intenten suicidarse. Si un ser querido con depresión empieza a hacer cosas que sugieran que está siendo consumido por pánico o frustración, el riesgo es latente y deben tomarse acciones inmediatas.

La reacción aún es tibia. Recientemente el secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti Loría,  solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación que dentro del Proyecto de Egresos de 2015 se considere recursos para el adecuado funcionamiento del Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia. Además solicitó que tanto la Procuraduría de Justicia como la Secretaría de Seguridad Pública capaciten a su personal en derechos humanos y erradicación de violencia contra las mujeres. No será suficiente.

Reconocemos que las leyes en el país han sido modificadas para que en todos los ámbitos se acabe con la desigualdad y se brinde protección a la mujer. Si no ha sido suficiente, deben reforzarse la prevención, fomentar la denunciar y garantizar el cumplimiento de la ley, sin vicios ni corrupción. Sólo así se podrá avanzar en esta materia.