Sin duda el Estado mexicano tiene en los próximos meses una gran oportunidad para despojarse de ese manto de desprestigio con el que se le identifica a toda la clase política del país por parte del ciudadano en general. Esta nueva oportunidad, por desgracia, se debe en gran parte al lamentable acoso de la naturaleza que nos ha castigado sin parar en los últimos días en toda la geografía nacional, pero particularmente en la costa el Pacífico, donde han sido muchas las lamentables pérdidas humanas y los daños materiales inmensos.

Una tragedia sin precedente, cuyos saldos preliminares se pueden resumir en: 200 mil personas que se quedaron sin casa, 40 mil escuelas total o parcialmente averiadas, mil centros de salud destruidos,  varios cientos de km de carreteras socavadas y más de 100 puentes colapsados, por citar los más significativos.

Está a la vista que para resarcirnos de los daños  se requieren montos millonarios, en cantidad tal que superan desproporcionadamente todas las reservas económicas previstas para  siniestros en este ejercicio y que obligan a utilizar recursos adicionales que deberán obtenerse con urgencia y aplicarse sin dilación en las tareas de reconstrucción.

Aunque estemos en un entorno mundial donde la crisis económica parece no haber tocado fondo, lo que incrementa los grados de dificultad para alcanzar los índices de crecimiento económico que requerimos, sobre todo si consideramos la situación de nuestro principal socio comercial cuya demanda de nuestros productos ha comenzado a declinar.

Pero, por si estos asuntos fueran pocos, hay que considerar que, además de tener que afrontar las dificultades que implican la puesta en marcha de la reforma educativa más importante en décadas, en cada estado del país, también está en puerta la discusión y la aprobación de las leyes hacendaria, energética,  y  política que habrán de modificar nuestra vida económica, social y pública en los próximos años.

No cabe duda que, aparte de la inteligencia que las autoridades hacendarias puedan poner para  conseguir los recursos necesarios en los términos más favorables, es necesaria la colaboración de todos los actores de la sociedad civil, los empresarios, pero sobre todo de la clase política  con el objeto de poner fin a la práctica predatoria de ciertos actores partidistas empeñados en que al gobierno de Peña Nieto le salgan mal las cosas.

Afortunadamente el perfil pragmático del Presidente resulta congruente con las necesidades de dirección por objetivos que requiere hoy el país.

Los actores que insistan en condicionar o entorpecer las tareas de reconstrucción nacional están ahora, más que nunca, bajo el escrutinio público, porque de veras que los políticos están hoy en una gran encrucijada: la toman o la derraman.