La noticia cayó bien en diversos sectores: por unanimidad la XV Legislatura aprobó el paquete de reformas en materia de disciplina financiera con el cual se dará –por fin– estabilidad a las finanzas públicas de Quintana Roo.

La minuta proyecto de decreto fue turnada a los 11 ayuntamientos para la consideración de sus respectivos cabildos. Es cuestión de tiempo para hacer realidad lo clamado por múltiples organismos locales y nacionales, así como por los ciudadanos: no más deuda.

Porque, en efecto, si bien el Estado y los ayuntamientos podrán contratar “deuda a corto plazo”, tendrán la obligación de pagar tres meses antes de que concluyan sus encargos. 

Para la diputada Gabriela Angulo Sauri, quien presidió la sesión aludida, “este paquete de normas, propuesto por el gobernador Carlos Joaquín González, busca cerrar vicios, dispendio de recursos y ponerle fin al mal manejo de la deuda”.

Mayuli Martínez Simón, coordinadora de la fracción panista, aseguró que las reformas responden a la demanda de la sociedad de “poner la casa en orden, de apretarle el cinturón al gobierno y darle un respiro a los ciudadanos”. 

En tanto, José de la Peña, coordinador del PVEM, enfatizó: “Hay candados y limitaciones necesarios para evitar lo que nadie quiere”, al tiempo que destacó la propuesta de su partido en torno a que, tanto el presupuesto como el paquete fiscal, tienen perspectiva de género.

Asimismo, Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, afirmó que los quintanarroenses tendrán mayor certidumbre y verán con transparencia el destino y ejercicio de los recursos.

Del mismo modo, Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, subrayó: “Entre las reformas se destaca que los servidores públicos sean responsables del manejo indebido de los recursos y de la deuda”, en coincidencia con los planteamientos de agrupaciones civiles.

Estas iniciativas responden a la obligación de adecuar la legislación local con el texto federal, necesario para eliminar el prejuicio negativo de que la deuda siempre es sinónimo de corrupción e ineficiencias en el gasto público.

En el fondo, se aspira a que se le dé un sentido favorable: que la deuda sirva, en todo caso, como instrumento de financiamiento para inversiones públicas productivas, que generen beneficio y que de otra forma no se podrían solventar.

Es una de las acciones más alentadoras en el contexto de la reconciliación política, basada hoy en acuerdos o consensos, y del multicitado cambio, ya en marcha desde el Ejecutivo, apoyado por un Legislativo mucho más proactivo que el Judicial, todavía con problemas de credibilidad.

La unanimidad citada al inicio está representada por PAN, PRD, PRI, PVEM, Nueva Alianza, Morena y PES, más el diputado independiente Juan Carlos Pereyra; por lo que, en definitiva, es evidente la capacidad para trabajar sobre temáticas de interés colectivo y no en favor de unos cuantos. 

La sociedad está reclamando más política que fructifique y menos tensiones entre los actores.

Desorbitado

En el marco de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, que busca reivindicar el papel de la deuda pública al establecer controles para su contratación y mecanismos de responsabilidad hacendaria para un manejo sostenible, el Instituto Mexicano para la Competitividad divulgó recientemente un informe lapidario.

Una de las frases que impactan: “Ha habido un acelerado crecimiento de la deuda subnacional en los últimos años, que entre 2006 y 2011 se duplicó en términos reales al pasar de 160 a 391 mil millones de pesos bajo condiciones de opacidad e incluso ilegalidad. En el último lustro podría ser peor”.