La inclusión de la Reforma Política en el Pacto por México se hizo por exigencia del PAN y el PRD, a partir de diversas irregularidades  en el pasado proceso electoral, detectadas en Veracruz, relacionadas con la utilización de programas y recursos públicos para favorecer a sus candidatos que, como se vio con el PAN en Puebla, resulta una conducta generalizada  en casi todos los funcionarios, de cualquier partido. 

Su discusión hoy se debe al condicionamiento del PAN-PRD para la aprobación de las reformas Hacendaria y Energética del Gobierno Federal, pues suponen que una vez aprobadas no tendrán forma de presionar al PRI para que lo haga.

Por eso es que parece una reforma apresurada donde las propuestas esbozadas por el PAN adolecen de graves inconsistencias y las del PRD sólo atinan a ratificar que se requiere impedir que sea la capacidad de financiamiento lo que determine el resultado electoral y proponen limitar y vigilar los gastos de campaña.

Gustavo Madero por el PAN, para legitimar su reelección, se adelantó presentando propuestas espectaculares, como la de crear un Instituto Nacional Electoral para sustituir al IFE, absorbiendo las funciones de los institutos electorales estatales, distritales y municipales, que serían suprimidos. Lo mismo sucedería con el TRIFE que sería sustituido por el Tribunal de Justicia Electoral que también absorbería las funciones de los tribunales electorales locales.

Lo que se complementaría con el establecimiento de   una legislación para elecciones estatales única para todo el país.

Por otro lado propone la segunda vuelta en las elecciones para presidente de la República y gobernadores y la reelección de senadores, diputados locales y federales y presidentes municipales.  

La segunda vuelta en la Presidencial, al haber sido descartada de entrada por el PRD y el PRI, tiene nulas posibilidades de ser aprobada, pero parece haber cierto consenso entre todos los partidos para la reelección de legisladores y alcaldes y sólo quedaría por definir por cuántos períodos consecutivos.

Ahora bien, independientemente del origen revanchista de la propuesta de sustituir al IFE, es indudable que por su carácter centralista, además de atentar contra la soberanía de los estados de la Unión, estipulada en la Constitución, tiene evidentes defectos de concepción que apuntan hacia su inoperatividad.   

Ya que adjudicarle mayores tareas y funciones que las que tiene el IFE, a la “suprema instancia electoral”, difícilmente contribuiría para incrementar su eficiencia y por el contrario puede elevar su burocratismo, lo que terminaría por convertirlo en un elefante blanco que en lugar de disminuir sus costos de operación contribuirá a elevarlos de manera desmesurada.  

Fuera de las críticas que interesadamente le hacen, hay que reconocer que el IFE ha representado avances importantes para la creación de la nueva cultura democrática  y que ha normalizado  nuestros procesos electorales.