La elección de 2015 dejó sin representación en la Cámara de Diputados a poco menos del 11 % de quienes votaron. En junio elegimos a 500 diputados. Los uninominales, electos uno en cada distrito, ganaron las 300 diputaciones de esa vía con poco más del 38 % de los sufragios.

Del otro 61 %, los que votaron por un candidato perdedor o anularon, un 50% obtuvo representación a través de las plurinominales. Aunque su candidato distrital no ganó, su voto, como el de todos, sí contó para la lista de representación proporcional (pues en la boleta también se vota por ésta, que aparece al reverso) y esa lista recibió más del 3% de la votación, por lo que obtuvo diputaciones.

Sin embargo, el restante 11 % votó por partidos que perdieron su registro, por candidatos no registrados o anuló su boleta.

Estos ciudadanos no vieron traducirse su voto en ninguna posición dentro del Congreso. Así, el ciudadano que ganó en su distrito verá las propuestas por las que votó llegar a la Cámara, tanto por parte del diputado uninominal como de los plurinominales que resultaron electos; quien votó por un candidato perdedor, pero de un partido que logró más del 3%, verá que las propuestas con las que está de acuerdo llegan al Congreso sólo a través de los plurinominales que eligió; pero quien votó por un candidato perdedor y además su partido quedó con menos del 3 % (el PT, por ejemplo, obtuvo el 2.99%) no verá ninguno de los planteamientos por los que optó llegar al órgano legislativo.

Lo más preocupante del caso es que se trata de una de cada nueve personas que en efecto aquel domingo fue a la casilla, hizo cola y participó del pacto democrático, votando. Desde 1961, el país no había visto a tantos electores quedar fuera de la representación parlamentaria. En el pasado, la exclusión del sistema de segmentos significativos de la ciudadanía generó acciones urgentes por parte del Estado para lograr su inclusión. Así se establecieron los diputados de partido, y finalmente la representación proporcional.

Hoy nadie parece preocuparse por este déficit de legitimidad electoral del sistema político. Por el contrario, muchos siguen repitiendo sin pensar que hay que eliminar la representación proporcional. Esto significaría que en lugar de marginar al 11% de nosotros, lo haríamos con el 61 %. Mala cosa.