Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, no deja de insistir en que al Ejército se le dé un marco legal preciso, moderno y acorde con las funciones que viene desempeñando en tareas, sobre todo, de seguridad pública.

“Eso es cosa de las autoridades civiles y policiacas”, dicen con simpleza quienes pasan por alto que las fuerzas armadas tienen bajo su responsabilidad la seguridad exterior, pero también la interior del país.

Lo ideal siempre será que las procuradurías General de la República y de las entidades cumplan con su obligación, y que los más de 430 mil policías que pueblan las distintas corporaciones garantizaran la seguridad de la población. Pero es muy sabido que las bandas criminales, en particular las del narcotráfico (y su amplia gama de delitos conexos: homicidio, extorsión, secuestro, asalto a transporte de carga…), penetraron y rebasaron el ámbito policiaco, imponiéndose la necesidad de que el Ejército y la Marina entraran al quite con su invaluable capital de entrenamiento, disciplina, lealtad y equipamiento.

Poco más de un año después de comenzar en Michoacán la ridículamente llamada “guerra de Calderón”, en febrero de 2008, Tijuana era considerada la ciudad más peligrosa del mundo y en menos de 24 horas aparecieron en sus calles los cuerpos de cinco asesinados con letreros alusivos a la campaña Nosotros sí vamos que impulsó Sergio Aponte Polito, comandante de la Segunda Zona Militar. 

El de la cuarta víctima decía: Llámalos y nosotros vamos, nosotros sí vamos mañana y todos los días. Y en la quinta estaba esta advertencia: sigan poniendo dedo (dirigido a los informantes que señalaban a los malosos).

La fórmula del divisionario Aponte, sin embargo, abatió el número de asesinatos (en el último año del foxiato hubo dos mil 200 y en el primero del calderonato subió a dos mil 700) en un 80 por ciento, y el Nosotros sí vamos terminó aplicándose en todas las regiones y zonas militares.

Hoy, con una mejor coordinación entre las instituciones militares, policiacas y civiles, la experiencia del Ejército y la Marina puede aportar mejores frutos, pero su involucramiento en asuntos de seguridad pública mantiene a las fuerzas armadas en permanente riesgo de cometer probables delitos, y no solo por la eventual violación de derechos humanos, sino por el simple hecho de actuar sin un marco legal adecuado.

En la legislatura pasada, al Senado le llevó más de un año elaborar una desaseada minuta de nueva Ley de Seguridad Nacional, y van a cumplirse ya otros ¡cuatro! de su congelamiento en la Cámara de Diputados.

Recién iniciado el gobierno peñanietista, en el homenaje senatorial por el siglo de existencia del Ejército, el general secretario Cienfuegos pidió un marco legislativo que le permita continuar cumpliendo con su deber y con total apego a los derechos humanos.

Pero las legislaturas tanto federal como de los estados no hacen sino enaltecer a la institución en “letras de oro”, en vez de sacar, por fin, la ley que el Ejército, desde hace ya muchos años, viene suplicando.