El furor que ha causado la construcción de parques eólicos en nuestro país ha desatado una serie de estudios socio ambientales y económicos, que en la mayoría de los casos han sido rebasados por la política y la aplicación de la ley al respecto.

Para que un proyecto ambiental tenga éxito al aplicarse y ser rentable, debe cumplir con las expectativas en tres rubros: ambiental, social y económico, y sólo así se podrá concretar con éxito.

Como sabemos, la economía ambiental está basada en la respuesta de los sectores para apostar por un proyecto e intentar concretar beneficios comunes y no particulares. 

Para analizar la importancia que posee la energía eólica hay que tener en cuenta todos los eslabones de la cadena que son necesarios para fabricar o para montar los aerogeneradores; tal vez lo más rescatable de este tipo de proyectos sea asegurar la gran importancia de la energía eólica en nuestras vidas, y como una alternativa de futuro para nuestro país.

Pero muy a pesar de estas estimaciones la instalación de parques eólicos en México ha generado algo más que energía, han generado una serie de conflictos entre las empresas eólicas, el gobierno y las comunidades indígenas y campesinas, esto debido a la generación de impactos sociales y ambientales negativos que afectan el territorio y la calidad de vida de la población presentes y futura.

Además, el predominio de intereses privados en la generación de energía eólica representa un problema de seguridad energética para México, por el descenso de sus reservas nacionales de petróleo, producción interna y exportaciones, a pesar de la nueva reforma energética. 

Los parques eólicos pueden no llegar a ser viables si provocan inequidades socio-económicas y ambientales entre estados y grupos sociales, pues las decisiones sobre estos proyectos y la implicación de sus impactos deben ser tomadas de manera colectiva y ser negociadas desde visiones e intereses diversos.

Desde un punto de vista sociológico los principales impactos de los parques eólicos, son el conflicto por la propiedad de la tierra donde se ubican, la degradación de la calidad del paisaje, la pérdida de biodiversidad, la generación de ruido mecánico y aerodinámico, entre otros.

Algunos estudios realizados en materia de impacto ambiental para determinar su viabilidad ambiental no toman en cuenta la complejidad, los riesgos y la incertidumbre cognitiva y ética que recae en el reciente uso de tecnologías eólicas.

Por lo tanto, los beneficios reales y potenciales de la producción de energía eólica en México podrían ser menores de los estimados en estos estudios. 

Se considera la necesidad de que las decisiones que se tomen en la aprobación de este tipo de proyectos deban estar basadas en información real y conocimientos sólidos e integrales, antes de determinar que no afectarán el medio ambiente y la calidad de vida de la población del sitio donde se construyan.

Pero para que los parques eólicos tengan como prioridad la protección del medio ambiente y los derechos colectivos por encima de intereses políticos y económicos, se debe garantizar su viabilidad en términos sociales, ambientales, económicos, y energéticos.

En estados como Oaxaca y Guerrero comunidades campesinas e indígenas han protestado contra estos parques por la generación importante de impactos tales como: conflictos sociales; riesgo de pérdida de capacidad productiva de terrenos agrícolas, afectación del paisaje; muerte de aves y murciélagos por colisión con aerogeneradores; generación de ruido; degradación de ecosistemas; entre otros.

Por esta razón, es pertinente valorar el uso actual de la energía eólica antes de aceptar tácitamente sus ventajas reales y potenciales.

Sin embargo el debate de ideas no debe enfocarse en oponerse rotundamente a la construcción de parques eólicos, ya que se reconocen sus ventajas ambientales en comparación con los combustibles fósiles, sino en resaltar la posibilidad de desarrollar la energía eólica bajo formas diferentes que incluyan esquemas de propiedad colectiva del recurso eólico y sistemas de energía eléctrica descentralizados y que sean regidos por principios de justicia social y ambiental.

Cabe reconocer que la inconformidad de los grupos sociales se deriva en gran parte del cambio de tenencia de la tierra de colectiva a privada a través de la firma de contratos de arrendamiento de tierras entre sus propietarios y las empresas eólicas, que permite a éstas acceder a la tierra para instalar aerogeneradores que aprovechen el recurso eólico.

Por eso en Yucatán debemos exhortar a nuestras autoridades ambientales a meditar bien sus decisiones en la aprobación de este tipo de proyectos antes de que nos juzgue la historia.