15 de Noviembre de 2018

Opinión

Parques eólicos y sus problemas (2)

Uno de los problemas a los que se enfrenta la construcción de parques eólicos es la comprobación de la propiedad o permiso para el uso de la tierra.

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Como mencioné en el Caleidoscopio la semana pasada, uno de los problemas a los que se enfrentan los promoventes de la construcción de parques eólicos es la comprobación de la propiedad o permiso para el uso de la tierra; es decir si son propietarios legítimos o cuentan con un convenio de usufructo del terreno en donde se pretende realizar el proyecto.

Mayormente los grupos que se inconforman lo hacen debido al cambio de tenencia de la tierra de colectiva a privada a través de la firma de contratos de arrendamiento entre sus propietarios y las empresas, lo que permite a éstas acceder a la tierra para instalar aerogeneradores que aprovechen el recurso eólico.

Muchos de estos contratos se realizan en condiciones de desventaja para los propietarios porque permiten a las empresas obtener derechos sobre el uso de la tierra durante 30 años, con posibilidad de renovarse por otros 30, y apropiarse de gran parte de las ganancias generadas por los parques eólicos al fijar los montos por el pago de la renta.

Una ya creciente oposición a los parques se debe a que los contratos habitualmente no ofrecen información transparente y real sobre los derechos que tienen los propietarios al arrendar su tierra, y sobre lo que sucederá con las instalaciones eólicas una vez que se termine el contrato.

Aunado es esto dichos contratos carecen de cláusulas de actualización de los pagos, a lo que se suma la coacción de representantes de las comunidades y la simulación de asambleas ejidales con firmas de fallecidos y otras que no aparecen en el padrón para agilizar la firma de contratos y negociaciones individuales entre propietarios y empresas, con el fin de excluir a las asambleas ejidales de los procesos de toma de decisiones.

En la actualidad para poder conocer más sobre algún proyecto que se sujete a la evaluación de la autoridad ambiental federal (Semarnat), las leyes ambientales vigentes contemplan acciones, las cuales sirven de herramienta a los interesados en algún proyecto para poder saber más sobre sus beneficios y/o posibles afectaciones ambientales.

De manera clara, el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica.

Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación y deberá llevar a cabo la consulta pública respecto a las obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico y en su portal electrónico, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la integración del expediente respectivo, el listado de todos los proyectos que serán sometidos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual deberá contener los datos de identificación del proyecto y el promovente; poner a disposición de cualquier ciudadano la manifestación de impacto ambiental respectiva, salvaguardando la información que pudiera afectar derechos de propiedad industrial y la confidencialidad de la información comercial; que el promovente publique un extracto del proyecto en un periódico de circulación en la localidad de que se trate, o de la entidad federativa correspondiente; aumentar el plazo de veinte a treinta y cinco días hábiles contados a partir de la publicación del listado referido, para que el promovente pueda proponer a la Secretaría el establecimiento de medidas de prevención y mitigación.

Existe también el recurso de solicitar la realización de una reunión pública de información, en la cual se pone a disposición del público la manifestación de impacto ambiental de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, con la finalidad de que el promovente explique los aspectos técnicos ambientales del proyecto. La reunión se efectúa en coordinación con las autoridades locales y la Semarnat y  la puede solicitar cualquier persona que viva en la entidad federativa que resulte afectada por el proyecto.

Y es precisamente este recurso el que no ha sido aplicado en Yucatán en relación con el proyecto denominado “Parque Eólico de Dzilam de Bravo”, que a inicios de año fue rechazado por no acatar lo dispuesto en la ley, que  obliga al promovente a publicar un extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación.

Esperemos que ahora que ingresó de nuevo todos podamos conocer este proyecto en una reunión pública de información para salud de todos, ¿no cree?

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