20 de Noviembre de 2018

Opinión

Paul y el combate a la corrupción

En su sano juicio, en plenitud de sus facultades mentales, no hay quién desapruebe el combate a la corrupción, al tráfico de influencias o la impunidad...

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En su sano juicio, en plenitud de sus facultades mentales, no hay quién desapruebe el combate a la corrupción, al tráfico de influencias o la impunidad. De hecho la mayoría los identifica como tres graves problemas en el país, los cuales se replican con cierta frecuencia en municipios de Quintana Roo. 

El tema de la transparencia y la rendición de cuentas no permean en algunas regiones de la nación. No es práctica generalizada debido a las múltiples resistencias en no pocas esferas (desde la política hasta la delincuencial) y a los cotos de poder orientados por la secrecía en el manejo de recursos públicos. La opacidad en las deudas alcanza grados vergonzosos en entidades y municipios. Quintana Roo, y por supuesto Cancún como “capital financiera”, no escapan a dicha realidad. 

A pesar de lo anterior, en Benito Juárez hay señales de apertura. Este dato es clave: por primera vez una organización ciudadana colabora en la entrega-recepción. “Ciudadanos por la Transparencia, A.C.”, participa con más de 100 observadores dirigidos por 85 personas físicas y morales, quienes conforman el comité integrado por empresarios, estudiantes, amas de casa, retirados y profesionistas de diversos ámbitos.

La agrupación dirigida por la catedrática Mariana Perrilliat ha revisado en profundidad las 56 dependencias municipales, compuestas en su totalidad por aproximadamente 350 funcionarios, durante los últimos cuatro meses. Todo, en coordinación con los presidentes municipales y sus respectivos equipos; es decir, con el perredista Julián Ricalde Magaña y el priista Paul Carrillo de Cáceres, reivindicando su vocación apartidista y buscando el fin último: una sociedad con bienestar integral.

Esta revisión –no auditoría– seguirá con Paul Carrillo como presidente en funciones, según acuerdo entre las partes. Es la buena noticia. Aunque insisto, no es auditoría ni acción coercitiva, pues la ley faculta en primera instancia a Contraloría para investigar y sancionar. La revisión, pues, es un acto de voluntad. En todo caso, cuando se comprueben opacidad, complicidades o manejo inadecuado en ciertos rubros, la agrupación está comprometida a divulgarlo en redes sociales, boletines y conferencias. Ello sin duda obligará a pensar con honestidad a los servidores públicos, que deberán servir y no servirse.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto demostró su esfuerzo inicial por luchar contra la corrupción y no solo contra el crimen organizado (contrario a lo desempeñado por su antecesor Felipe Calderón Hinojosa), amplios sectores de la sociedad aprobaron con gratitud. Como prueba están los casos de Elba Esther Gordillo y Andrés Granier Melo.

En ese ejemplo Paul tiene la guía, la inspiración. Para cumplir deberá procurar la apertura a la información, la pulcritud en el manejo de los recursos y la presencia de contrapesos como los de la asociación “Ciudadanos por la Transparencia”. 

De hacerlo consolidará pronto un gobierno legítimo y sólido, incluso podría ayudar a transformar la imagen de su partido, asociado por tradición con prácticas nocivas. Si no lo hace, si no se siente obligado a rendir cuentas siquiera a sus gobernados, podrían antojársele los excesos. Paul tiene la oportunidad histórica de cambiar el juego del poder en la materia.

DESORBITADO…

El gasto en seguridad debe ser escrupuloso y de dominio público. En los hechos no lo es, advierten organizaciones no gubernamentales. El poder de los criminales se ha consolidado por la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno. Su éxito es entendible porque ya los dejaron hacer y crecer, no se pueden controlar, como ocurre hoy en Michoacán. No lo permitamos en Cancún. No lo permitamos en Quintana Roo.

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