Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo impuestos por Roberto Borge Angulo en su famoso “paquete de impunidad”, Carlos Lima Carvajal --señalado desde hace años como operador de algunos de los despojos inmobiliarios de los que se acusa formalmente al exgobernador--, Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner, por no haber presentado sus declaraciones patrimoniales cual marca la ley, se encuentran en la antesala del juicio político, a días de haberse revelado que la PGR requisó de manera cautelar valiosos predios que el mandamás del gobierno pasado prácticamente regaló a su mamá, otros parientes, amigos y prestanombres.

En Campeche, dirigentes del PAN, PT, PRD Morena y Panal se manifestaron indignados por el suave castigo de inhabilitación contra el exsecretario de Coordinación y exdirigente municipal del PRI Jorge Shields Richaud y otros exfuncionarios de Fernando Ortega Barnés que se habrían embolsado sumas estratosféricas de dinero público según investigaciones concluyentes de la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado. Esto recién sucedió al concluir la semana, pero desde hace años es opinión generalizada que si en Campeche se persiguiera la corrupción el preso más ilustre del penal de San Francisco Kobén debiera ser el exmandatario Jorge Salomón Azar García.

Reventó el escándalo de los moches de los panistas de Yucatán: el senador Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista de la historia --Baja California, de 1989 a 1995--, miembro de la Comisión Anticorrupción del PAN,  piensa que hay elementos para presumir prácticas de “moches” en el Comité Estatal del partido en el estado. Carlos Aldana Herrera, el acusador, dijo que es muy posible la disolución del Comité Directivo Estatal que encabeza Raúl Paz Alonzo, como indicó un importante periódico de circulación nacional, medida precautoria que podría derivar en la expulsión tras una investigación a fondo. Ruffo dijo que ve “manejo de recursos que no tienen ninguna transparencia y que han sido en perjuicio del bienestar de los habitantes de Yucatán”. Mas no es un asunto de interés meramente partidista: se habla de obras municipales que el integrante de la cámara alta reconoce que se habrían ejecutado al doble de su costo real en beneficio del “influyente” imputado blanquiazul.

No son claras las respuestas cuando se les pregunta a los legisladores --“estamos en el análisis”, “a finales de marzo”, “ya merito”, son las salidas comunes--, pero lo cierto es que los tres estados de la Península de Yucatán están ominosamente marcados y manchados por asuntos de corrupción y dos de ellos ni siquiera pintan en el semáforo verde, ámbar y rojo sobre la armonización con la legislación federal y el Sistema Nacional Anticorrupción.

El panorama a nivel país no es, por cierto, mucho mejor. Sólo faltan cuatro meses y medio para que el plazo constitucional se cumpla y el atraso de las entidades federativas es pasmoso. La película ya nos la sabemos: en Quintana Roo, por ejemplo, el tambaleante titular del Poder Judicial Fidel Villanueva Rivero simuló durante varios años, por lo menos siete u ocho, que la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal iba viento en popa, mientras se gastaba el dinero en eventos fastuosos y apenas construyó algo de infraestructura “apantallante” para poder seguir “nadando de a muertito” con el resultado que ahora conocemos: tenemos uno de los peores aparatos de impartición de justicia del país, un rezago inacabable en expedientes del sistema tradicional y una estructura judicial idónea para perpetuar la corrupción. 

¿De veras en cuatro meses y dos semanas, partiendo del cero en que nos encontramos, serán capaces los legisladores de nuestros estados de armonizar las constituciones y leyes secundarias con el marco nacional de referencia?

Veamos: de las 32 entidades federativas, sólo Chiapas y Nayarit ya reformaron sus leyes fundamentales y emitieron normas estatales anticorrupción. En el Semáforo Anticorrupción que este miércoles presentaron el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana y la Coparmex se revela que 13 estados ya hicieron las reformas constitucionales del caso y otros 10 ya tienen las iniciativas en sus congresos, pero en Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas las legislaturas ni han entrado al tema; Quintana Roo ya tiene la comisión ciudadana que deberá encargarse de la parte institucional, pero el presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila acaba de reconocer --tenemos la impresión de que más bien al tanteo, pues no explicó los criterios-- que el estado lleva un avance de apenas 30 por ciento en la implementación.

El término perentorio para la instauración total del Sistema Nacional Anticorrupción en los estados es el 18 de julio, más el pronóstico es tan desalentador que ya enciende focos rojos. Aparte de Chiapas y Nayarit, únicas entidades consideradas por el Semáforo en nivel satisfactorio por haber cumplido al 100 por ciento y con contenidos plenamente constitucionales, con iniciativas igualmente satisfactorias pero aún en proceso legislativo están Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla. En nivel regular sólo se clasificaron Guanajuato y Querétaro y con calificación deficiente quedó aislado Morelos.

En el mapa del Semáforo Anticorrupción los tres estados de la Península aparecen sin color, lo que textualmente significa que no pintan en la materia, aunque Yucatán ya hizo su reforma constitucional.

No cabe duda que nuestros poderes legislativos pueden ver la tempestad pero no se hincan. Los escándalos de corrupción en la Península de Yucatán son males tan endémicos, que tal vez por la cotidianidad con que brincan a los medios de comunicación ya no espantan a nadie ni hacen que nuestros diputados sientan la urgencia de tomar cartas en el asunto.

Tic, tac, tic, tac.